Según pública cincodias.elpais:
Sin apagarse todavía la reciente fiebre regulatoria de los servicios financieros y, en particular, las exigencias normativas para el asesoramiento, se nos avecinan nuevos cambios legales. Y todo ello en un horizonte inmediato complicado, marcado por la inflación, las consecuentes subidas de tipos de interés y los efectos contractivos que podrían desencadenar aún mayores retos en la gestión patrimonial.
Tras las recientes novedades legales que conllevan la exigencia de tener en cuenta las preferencias de sostenibilidad en el análisis de idoneidad y en la relación con el cliente, introducidas este pasado mes de agosto casi con premeditación y alevosía y de forma irregular (sin disponer de los referentes taxonómicos), se empieza a vislumbrar ahora lo que pronto podría convertirse en una reforma drástica de la todavía tierna MiFID II.
Con relación a todo ello se ha publicado hace pocos meses un interesante y relevante estudio comisionado por la Comisión Europea (Disclosure, Inducements and Suitability rules for retail Investors Study, DG Fisma, 2022) orientado a conocer cómo están funcionando las normas de divulgación, incentivos y análisis de idoneidad para inversores minoristas, derivadas de la implementación de MiFID II. El informe se ha elaborado en el marco de la estrategia de inversión minorista que la Comisión Europea ha anunciado como parte de la Unión del Mercado de Capitales (la CMU, Capital Markets Union, enunciada en el primer Action Plan en 2015 y reafirmada con el actual de 2020). Esta estrategia de inversión minorista quiere asegurar que los inversores individuales en la Unión Europea se beneficien de una adecuada protección, reciban un asesoramiento sin conflictos de interés y un trato justo, tengan acceso directo a los mercados a través de servicios competitivos y eficientes en costes, y que estos sean ofertados y proporcionados con información transparente, comparable y comprensible.
El estudio mencionado merecería por sí solo un tratamiento exhaustivo en otros artículos por su indiscutible trascendencia futura para la distribución de productos financieros y para el asesoramiento. Aquí apuntaremos tan solo que este documento vislumbra en sus conclusiones que, primero, existe una deficiente o al menos insuficientemente correcta implementación de MiFID II en diversos ámbitos y, segundo, que casi con total seguridad va a requerir una implícita reforma futura de MiFID que aborde estos ámbitos mal resueltos. Por lo tanto, anuncia una nueva ola de cambios normativos para entidades, profesionales y clientes en el sector financiero, con todo lo que comporta en costes, distorsiones de implementación y problemas de cumplimiento homogéneo en toda Europa.
Estas conclusiones del estudio apuntan adecuadamente a áreas muy mejorables, algunas de ellas afectadas por un excesivo énfasis en la protección del cliente, sin tener en cuenta la capacidad de este de absorber normas, descripciones y medidas complejas, teóricamente en aras exclusivamente de la transparencia y, probablemente, dando poco énfasis en facilitar al cliente minorista una inversión más rentable, más adecuada a su perfil inversor y, seguramente, a menor coste. Todos ellos objetivos esenciales para el inversor que, en ocasiones, sufre a unos reguladores más preocupados por protecciones formales que por las verdaderas necesidades de los clientes.
Pues bien, este debate que ahora se abre y que, sin duda, será un guante que recogerán los legisladores y supervisores tan dados a multiplicar la regulación, va a iniciarse en una muy complicada coyuntura, la cual, con alguna probabilidad, podría implicar incluso una recesión en los próximos meses y unas perspectivas complicadas para la inversión (como ya sin duda lo ha sido en el 2022).
El asesoramiento financiero inició hace unos meses una etapa muy compleja con un nivel de incertidumbre por encima de la habitual. Para un adecuado consejo a los inversores, desconocemos cuál será el desenlace de la invasión rusa de Ucrania, que ha sido generadora de incerteza y desconfianza económica, pero sobre todo culpable de buena parte de las tensiones inflacionistas. No sabemos aún los resultados que una política monetaria agresiva propiciará en términos de reducción consistente de inflación (lo deseable y buscado) y de contracción económica (lo provocado y a minimizar).
Desconocemos también los efectos reales que tendrán las políticas nacionales y europeas para solventar y suavizar las tensiones en los suministros, el alza de los precios energéticos, y en general para paliar la fuerte pérdida de poder adquisitivo. Incluso hay dudas sobre la forma en la que los fondos europeos contribuirán a suavizar los efectos recesivos como, sin duda, desconocemos también en qué cuantía esta situación agravará el déficit fiscal y el endeudamiento de las ya cargadas mochilas de las Administraciones y, por fin, cuáles serán las reacciones que veremos en los resultados de las empresas, como síntesis y principal elemento rector de las cotizaciones.
Ante tanta incertidumbre, el asesor financiero deberá meditar en detalle la orientación de sus recomendaciones y acertar en sus consejos, adaptándolos a los datos e información que se vaya percibiendo de un entorno bastante oscuro. Simultáneamente, deberá ayudar al ahorrador/inversor a no realizar movimientos drásticos de su cartera, empujados por el miedo o por sesgos conductuales usuales, tanto en los receptores del asesoramiento (clientes) como en sus emisores (profesionales que gestionan y asesoran).
Ante esta saturación de tareas, cualquier nueva iniciativa normativa podría ocasionar un cambio en la prioridad del profesional que, en estos momentos difíciles, no puede ser otra que la de una continuada y vigilante navegación por una situación coyuntural compleja.
