- Cada vez son más los repartidores sin licencias que pagan una comisión del 30% por su alquiler
- Según Riders por Derechos, el 60% de los trabajadores estarían en una situación irregular
La cesión ilegal de cuentas de Glovo y Uber se multiplica pese a la entrada en vigor hace ya más de dos años de la Ley Rider, con la que se pretendía, en teoría, garantizar los derechos laborales de los repartidores. Los anuncios con ofertas para operar con cuentas de terceros están inundando los foros en Internet y grupos de Whatsapp de los riders, según ha podido confirmar este periódico.
A cambio de una comisión del 30% son cada vez más los trabajadores en situación irregular que pactan trabajar como repartidores sin tener, ni siquiera, los papeles para operar como autónomos. La organización Riders por Derechos ha puesto esta situación en conocimiento tanto de la Fiscalía como de la Inspección de Trabajo y, aunque Glovo fue sancionada ya el pasado mes enero, lejos de acabar con el problema, éste va a más.
Vea también: Lidl prevé contar con 700 tiendas en España el próximo año
Glovo, que ha sido sancionada ya con más de 200 millones, fue multada a comienzos de año en concreto con 5,2 millones por tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular. En su momento, el presidente del comité de empresa en Madrid y coordinador estatal por UGT, Fernando García Pallás, alegaba que «más de la mitad de los repartidores de Glovo son inmigrantes recién llegados y trabajan subalquilando las cuentas de otros falsos autónomos». Desde Riders por Derechos aseguran que «no se trata de un fenómeno aislado, sino masivo». Según sus cálculos, alrededor del 60% de los repartidores estaría, de hecho, en situación irregular pese a que tanto Glovo como Uber Eats han adoptado medidas para la identificación de los riders cuando acceden a la aplicación.
Un portavoz de Glovo explica, en este sentido, que «hemos añadido procesos de verificación facial y realizamos controles regulares de las distintas operaciones. Cuando se detecta o se reporta un uso irregular de la aplicación, se abre un proceso de investigación y se aplican las medidas necesarias para solventarlo». A lo que agrega que «los repartidores disponen de un sistema de sustitución por el que cualquier repartidor con cuenta propia tiene opción de trabajar para otra cuenta de una forma completamente legal y acorde a la legislación vigente».
Desde fuentes próximas a la Inspección de Trabajo admiten, sin embargo, que la cesión ilegal de cuentas es una práctica que va a más, señalando que hay grandes dificultades para adoptar medidas ante la falta de denuncias.
Denuncia
«Hemos intentando convencer a los que están en situación irregular de que presenten una denuncia, pero no quieren hacerlo porque no tienen ningún otro trabajo y aunque están cobrando entre tres y cinco euros por hora es la única salida que tienen», explican desde Riders por Derechos. El hecho es que, aunque la Policía está pidiendo la documentación en la calle a los repartidores para evitar el empleo de trabajadores que están en España de forma irregular, no se ha conseguido en ningún momento frenar la magnitud del problema.
Frente al empleo de falsos autónomos y trabajadores sin papeles, existe, sin embargo, el caso contrario.
Así, el grupo Just Eat Takeaway firmó en diciembre de 2021 un convenio colectivo de empresa con CCOO y UGT, y ha contratado a más de 2.000 repartidores. Desde la compañía aseguran que «nosotros nos limitamos a cumplir con lo que dice la ley«, pero exigen también que todo el sector pueda operar en igualdad de condiciones. Y es que, aunque en un primer momento Uber Eats empezó también a contratar riders, finalmente acabó dando marcha atrás y volvió a emplear a autónomos ante la negativa de Glovo a seguir la misma línea.
El problema de esta compañía, que pertenece al grupo alemán Delivery Hero, es que se le están acumulando las multas y no parecen tener intención de buscar una solución. En su presentación de resultados semestrales, Delivery Hero, mostró su intención de acudir a los tribunales a defender su modelo de negocio ante el estatuto laboral de los repartidores. Además, de mostrar su desacuerdo con la propuesta enviada a las autoridades, planeando recurrirla, pues desde Glovo aseguran que su modelo cumple con la normativa.
El pasado agosto la matriz admitía que las multas y reclamaciones de Hacienda y Seguridad Social en España podrían rondar los 200 y 400 millones de euros. La firma dice que podría verse obligada a «depositar avales bancarios» hasta que haya una resolución judicial, por ello en noviembre anunció un aprovisionamiento entre 30 y 45 millones al trimestre por futuras multas. «Teniendo en cuenta el panorama político, Delivery Hero espera que la autoridad continúe con su procedimiento; Glovo no está de acuerdo con la propuesta enviada por las autoridades y la disputará una vez finalizada», decía la compañía.
