Los dilemas que anteceden a la fase de normalización y flexibilización, tras una larga cuarentena, hacen parte de la etapa que se aproxima y las decisiones que se tomen serán tan claves como las del confinamiento. Por ello, es importante que se sigan escuchando alternativas y ojalá se tomen decisiones sin demagogia ni populismo. Estas son parte de las sugerencias que hace el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al tiempo que plantea tres nuevas propuestas en esta columna especial para EL TIEMPO.
«Como dijo la Canciller alemana Ángela Merkel el pasado viernes, la crisis del Covid-19 apenas comienza. Las cuarentenas fueron decisiones radicales y contundentes, frente a las cuales no había una mejor opción. Las medidas en la fase de normalización y flexibilización serán más difíciles, pues estarán rodeadas de disyuntivas y dilemas.
Saldrán a relucir los verdaderos liderazgos, que deben conjugar la ciencia y el conocimiento, la creatividad para encontrar fórmulas y la capacidad de orientar a la opinión pública sin demagogia ni populismo. A juzgar por lo que ha pasado en las últimas cinco semanas, el Presidente Duque está bien parado en la cancha, en abierto contraste con sus colegas de Brasil y México.
También es cierto que estos son momentos para actuar con un sentido propositivo. La humildad será buena consejera para todos, dentro y fuera del gobierno, pues nadie puede pretender tener todas las respuestas. A diferencia de otras crisis, esta no tiene un libreto que se pueda estudiar en los textos; hay que escribirlo a medida que llega nueva información.
Con ese espíritu hace dos semanas hice tres propuestas, dos de las cuales fueron acogidas: el aumento al 90 % de las garantías a los créditos a las empresas que mantengan sus nóminas, y la pausa en el pago de impuestos parafiscales. Me sorprendió, en todo caso, que se mantuviera intacto el 4 % que va a las Cajas de Compensación y el 3 % que reciben las AFPs como comisión, pues en los dos casos se pudo haber reducido por lo menos parcialmente.
Tampoco se acogió la propuesta de diferir unos meses el pago de impuesto de renta de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, como se está haciendo en otros países. En sano juego democrático, habría sido bueno que el gobierno explicara sus razones.
Hoy quiero hacer tres propuestas adicionales, aplaudiendo el esfuerzo del gobierno por los avances que ha habido hasta ahora.
La primera tiene que ver con la necesidad de un apoyo adicional a las empresas que no despidan trabajadores. La idea que ha hecho carrera es que el gobierno asuma directamente una parte de la nómina. Como este subsidio puede ser muy costoso, seguramente enfrentará restricciones de carácter fiscal.
Hechas todas las sumas y restas, el déficit del gobierno nacional bordeará 6 % del PIB en 2020. Es decir, será muy difícil estirar más el acordeón para acomodar el subsidio a la nómina con cargo al presupuesto.
Por eso hay que encontrar otras fórmulas.
Una posibilidad es que el gobierno condone –en el momento de su vencimiento– un porcentaje del saldo de los créditos garantizados por el FNG. Este apoyo a las empresas debe condicionarse a que no hayan despedido trabajadores y que sus préstamos estén al día.
Así, la condonación parcial solo aplicaría a casos en los que no se hayan utilizado las garantías ofrecidas por el FNG. Para motivar a los bancos a dar créditos no a 12 meses, sino a 24 o 36, el porcentaje de condonación debería ser creciente en función del plazo. El gobierno podría pagar estas condonaciones con un bono, de forma que el costo fiscal pueda diferirse en el tiempo.
Paso a la segunda propuesta. Al entrar en una recesión, la calidad de la cartera se deteriorará–lo cual le pondrá presión a la relación de solvencia de los bancos—al tiempo que se reducirá la liquidez del sistema financiero. Ante esa perspectiva, para que el crédito fluya hoy los bancos deben asegurarse que habrá suficiente liquidez mañana.
La titularización de cartera es la llamada a dar respaldo en materia de liquidez y solvencia. Como se está haciendo en Asia, el gobierno podría impulsar un vehículo de propósito especial (SPV por su sigla en ingles) que compre la cartera de los bancos y la convierta en títulos. El Banco de la República podría comprar los títulos mejor calificados (de menor riesgo), lo que incentiva a los bancos a prestar más, sin el temor a quedarse sin la liquidez o sin el capital suficiente. El banco central debe tener alguna protección si hay pérdidas, lo cual se logra con una inversión de capital del gobierno en el vehículo.
Los bancos deben quedarse con una parte del riesgo de crédito, obligándolos a conservar una proporción de los títulos emitidos por SPV, especialmente los que estén más abajo en la cascada de prioridades de pago y, por lo tanto, tengan menor calificación. Es decir, los bancos pierden si no hacen una buena gestión.
Además de evitar una mayor descolgada durante la cuarentena, esta fórmula ayudaría a impulsar el crédito durante la fase de recuperación.
Por último, la tercera propuesta es que las medidas mencionadas, como las garantías del FNG, la condonación de un porcentaje de los créditos y el alivio al pago de parafiscales no deben beneficiar a empresas cuyos accionistas provengan de paraísos fiscales. Nada de esto debe servir para exportar utilidades, en detrimento del pago de impuestos en nuestro país.
