Comercio electrónico ha tenido pérdidas significativas por crisis eléctrica

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El comercio electrónico en São Paulo y su Región Metropolitana estima pérdidas significativas de hasta R$ 126 millones como resultado del apagón experimentado el pasado viernes 3 de noviembre. El Instituto Gastão Vidigal de Economía de la Asociación Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP) calcula estas pérdidas en base al volumen diario movido en la ciudad y la región afectadas. Las fuertes lluvias y vientos derribaron árboles y postes, interrumpiendo el suministro eléctrico en numerosos establecimientos. La distribuidora Enel no pudo restablecer la energía en el plazo establecido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), dejando alrededor de 11,000 propiedades sin electricidad hasta el mediodía del miércoles 8.

Los efectos desiguales del temporal hacen difícil estimar con precisión las pérdidas, según el economista de la ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa. Sin embargo, destaca que las pérdidas se deben principalmente a reducciones en las compras inmediatas e impulsivas de los consumidores. Empresarios, como Marcelo Lima, socio de «noPorto Espaço Lounge», estiman pérdidas considerables. Con dos días cerrados por falta de electricidad, Lima calcula una pérdida de R$ 35 mil, afectando sus compromisos financieros de fin de año, como el pago del decimotercer sueldo a empleados.


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La Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes de São Paulo (Abrasel-SP) realizó un estudio sobre el impacto en el sector, encontrando que el 47% de los establecimientos informaron pérdidas leves y moderadas, mientras que el 49% consideró insatisfactoria la respuesta de Enel en la restauración de la energía. Empresarios y consumidores afectados buscan indemnización por daños materiales, y la Fiscalía del Consumidor en São Paulo ha iniciado una investigación para abordar la interrupción en el suministro eléctrico. La propuesta de solución consensuada de la Fiscalía incluye mejoras en la calidad del servicio y compensación tanto individual como colectiva. Enel tiene 15 días para analizar la propuesta antes de una posible acción civil pública.

Con información de Mercado e Consumo

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