La Asociación Nacional de Pilotos Aviadores de Bolivia (ANPAB) ha emitido un enérgico rechazo a la reglamentación asociada a la Ley N° 521 de Seguridad y Control del Espacio Aéreo, elaborada por el Ministerio de Defensa. El foco de la discordia se centra en el artículo 11 de dicha normativa, que contempla la posibilidad de derribar o destruir aeronaves en pleno vuelo. Este polémico punto ha suscitado inquietud en la ANPAB, que argumenta la falta de consenso y socialización con el sector antes de la implementación de tal medida. El comunicado de la asociación resalta que la ausencia de consulta ha generado preocupación en relación con posibles errores en los procedimientos vinculados a esta normativa.
La ANPAB destaca la carencia de recursos adecuados para llevar a cabo eficientemente las tareas relacionadas con el control y organización del tráfico aéreo. Expresa, asimismo, su inquietud respecto a la falta de garantías tanto para los usuarios y pasajeros como para los profesionales que brindan servicios en este sector. Según la asociación, la exclusión del sector en el proceso de creación de esta normativa ha contribuido a la falta de representación y consideración de las preocupaciones y necesidades de los pilotos.
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El especialista en legislación aeronáutica, Álvaro Munguía, destaca que el sector no participó ni tuvo conocimiento del proceso para implementar la normativa emitida meses atrás por el Ministerio de Defensa. Adicionalmente, menciona que en Bolivia, además de la aviación general, existen servicios como el taxi aéreo, vuelos chárter y evacuaciones médicas que emplean avionetas, todos los cuales no fueron debidamente considerados en este proceso normativo.
Munguía advierte sobre ejemplos de la mala aplicación de normativas similares en otros países, citando un incidente en Perú en 2001, donde una avioneta que transportaba testigos de una iglesia fue destruida al ser confundidos con individuos involucrados en actividades ilegales. Según el jurista, el reglamento debería ajustarse a las leyes y tratados internacionales firmados por Bolivia, que garantizan el respeto a la vida como un derecho fundamental. Sin embargo, sostiene que el actual reglamento plantea una amenaza directa a ese derecho fundamental.
Con información de La Patria
