En respuesta a la creciente presión de activistas, expertos, políticos y la comunidad, el Gobierno de Bolivia ha expresado su disposición a considerar la abrogación de un conjunto de leyes conocidas como «incendiarias». Estas normas han sido objeto de críticas debido a su presunto papel en la promoción de incendios y la deforestación. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anunció que se está evaluando la posibilidad de abrogar estas leyes con el respaldo de un equipo jurídico, pero reconoció la complejidad del proceso, ya que requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La senadora Centa Reck indicó que la oposición está dispuesta a respaldar la abrogación de estas leyes, especialmente la Ley 741, que permite el desmonte de 20 hectáreas por familia. La demanda de abrogación ha sido impulsada por la preocupación sobre los incendios forestales que continúan afectando a parques y reservas naturales en Bolivia. Aunque el Gobierno ha solicitado ayuda internacional a países como Brasil, Chile, Francia y Venezuela, la respuesta ha sido calificada como tardía por activistas y políticos de la oposición.
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En medio de esta crisis, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica lluvias esporádicas para esta semana, lo que podría contribuir a mitigar los incendios en áreas afectadas. Sin embargo, la comunidad sigue enfrentando desafíos, y la ayuda internacional es necesaria para contener eficazmente los incendios. La situación destaca la importancia de revisar y modificar las políticas que puedan contribuir a la propagación de incendios y daños ambientales.
Con información de Los tiempos
