Se propone extender programa de Precios Justos por 90 días

Precios justos

El programa Precios Justos, que ha sido un pilar en los esfuerzos del Gobierno argentino para controlar la inflación, se encuentra en el punto de mira de una renovación que busca mantener la estabilidad de los precios. Con un vencimiento previsto para el 31 de octubre, el Ministerio de Economía se dispone a negociar una extensión de 90 días con las empresas involucradas, especialmente aquellas que argumentan costos superiores a los límites establecidos. Esta iniciativa tiene como objetivo principal retomar el control de las expectativas inflacionarias, especialmente después de las recientes elecciones.

La tarea de recalibrar estas expectativas recaerá en la Secretaría de Comercio, bajo la dirección de Matías Tombolini, que tradicionalmente ha sido el punto de encuentro para las conversaciones entre el gobierno y las empresas del sector de consumo masivo. La propuesta gira en torno a mantener incrementos mensuales cercanos al 5% durante el próximo trimestre, lo que afectaría a una amplia gama de productos, desde alimentos y bebidas hasta artículos de limpieza e higiene personal. Esto impactará en particular a las grandes cadenas de supermercados y se extenderá a otros sectores como la indumentaria, el calzado y los productos electrónicos.


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Una de las cuestiones más relevantes en esta negociación será el precio de los combustibles, que ya ha generado debate en el pasado. El acuerdo vigente expira a finales de este mes, y aunque algunas compañías ya han aplicado aumentos, buscarán validar nuevos incrementos que podrían enfrentar resistencia, especialmente en la magnitud que desean.

El Gobierno ha enfatizado que, para combatir la inflación, es fundamental reducir el déficit, aumentar las exportaciones y acumular reservas. Sin embargo, el programa Precios Justos se ha convertido en una herramienta clave para orientar las expectativas en un entorno de alta inflación caracterizado por su elevada inercia. Esta renovación busca mantener la estabilidad y alinear los intereses de las empresas con los objetivos de control de precios del Gobierno.

Con información de El Once

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