La popular aplicación de delivery Rappi se enfrenta a una multa millonaria por parte del gobierno bonaerense debido a su práctica de cobro de la denominada «tarifa de servicio» sin previo aviso al usuario, violando así la Ley de Defensa del Consumidor. Esta tarifa solo se muestra una vez que se completa la compra, lo que se considera una práctica engañosa y abusiva. La multa solicitada asciende a 59 millones de pesos y también exige que Rappi cese esta práctica y reembolse a los usuarios afectados alrededor de 13 millones de pesos.
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El gobierno bonaerense argumenta que esta tarifa adicional de servicio tiene como objetivo aumentar las ganancias de Rappi a expensas de los consumidores y no se proporciona información detallada sobre su motivo o composición. Además, se critica que no se permite a los usuarios rechazar este cargo.
Además de este problema, las aplicaciones de entrega como Rappi enfrentan desafíos legales adicionales en relación con la relación laboral de los repartidores, que a menudo se consideran trabajadores autónomos y se quejan de la falta de derechos laborales. El gobierno también está explorando formas de regular estas relaciones laborales en el contexto de la economía de plataforma.
En resumen, Rappi se enfrenta a una multa importante debido a sus prácticas de tarifas ocultas y también a desafíos legales relacionados con las condiciones laborales de los repartidores en medio de una creciente presión para regular la economía de plataforma en Argentina.
Con información de iProup
