Advierten por el cierre de empresas tras el freno de Argentina a las exportaciones uruguayas
La imprevista y reciente decisión del gobierno argentino de imponer restricciones a las exportaciones uruguayas ha desatado una ola de preocupación en el tejido empresarial uruguayo. La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) ha lanzado una alarma sobre el inminente riesgo de cierre que enfrentan varias empresas, algunas de las cuales están evaluando la posibilidad de recurrir a listas de seguro de paro como última medida para subsistir en este contexto de incertidumbre económica.
Vea también: Uruguay: liderando el desarrollo del sector IT con iniciativas innovadoras
Hasta trece compañías se encuentran en la cuerda floja, enfrentando pérdidas estimadas en alrededor de 22,5 millones de dólares debido a las operaciones no autorizadas y congeladas por las recientes restricciones argentinas. El presidente de la CIU, Fernando Pache, ha señalado que al menos algunas de estas empresas dependen en gran medida de las exportaciones hacia Argentina, con ventas que representan hasta el 90% de su actividad comercial. Las más afectadas por esta situación son las pequeñas y medianas empresas, que están sintiendo el impacto negativo de manera más aguda.
El presidente de la CIU expresó su reconocimiento por los esfuerzos realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para resolver la situación, pero lamentó la falta de claridad sobre el futuro inmediato. Pache sugirió que, en el mejor de los casos, la situación podría resolverse en unos 120 días con un cambio de gobierno en Argentina y la entrada de divisas, aunque advirtió que muchas empresas no tienen la capacidad de esperar tanto tiempo. La incertidumbre sobre el destino de estas empresas es un componente angustiante en medio de una situación ya compleja.
El origen de esta controversia radica en las medidas adoptadas por Argentina a partir del 25 de julio, cuando el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, anunció un paquete fiscal que incluía impuestos del 7,5% a las importaciones de bienes, acompañado de otros gravámenes como el Impuesto PAIS del 25% sobre los pagos de servicios en el exterior. Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo en un 25% el cupo para las empresas importadoras a través del sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF). Estas medidas, sumadas, han provocado una tensión económica entre ambos países y una creciente preocupación en la comunidad empresarial uruguaya. En respuesta, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y el canciller Francisco Bustillo elevaron su voz de protesta en la última cumbre del Mercosur, evidenciando la gravedad de la situación para la relación comercial regional.
