La firma digital solo posee la misma validez legal de un documento bajo firma privada. Para actuaciones que requieren de actos auténticos, como pagarés notariales, por el momento no es posible utilizar la firma digital en la República Dominicana.
Con la pandemia de la COVID-19 nos hemos visto forzados a una transformación digital acelerada y a la digitalización de procesos y trámites que hasta el momento se llevaban a cabo de forma presencial. Como toda disrupción significativa la pandemia ha forzado a los diversos sectores a reinventarse, así como a la utilización de herramientas que faciliten la realización de transacciones a distancia.
Entre las herramientas que encontraron su apogeo durante la nueva virtualidad es imposible no mencionar a la firma digital. Esta puede ser definida en pocas palabras como la aprobación de un documento digital vinculándolo a una clave de firma que permite identificar inequívocamente al firmante y asegurar que el documento no ha sido modificado posteriormente a la firma. Así, la firma digital permite llevar a cabo transacciones y formalizar documentos de forma remota sin tener que desplazarse.
El marco legal establecido para el comercio electrónico, documentos y firmas digitales en nuestro país está conformado por la Ley 126-02, y su respectivo Reglamento de Aplicación establecido mediante el Decreto 335-03.
Es importante resaltar que el artículo 1, numeral 1.17 del Reglamento de Aplicación define la diferencia existente entre la firma digital y la firma electrónica; toda vez que esta última es definida como “el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, que por acuerdo entre las partes se utilice como medio de identificación entre el emisor y el destinatario de un mensaje de datos o un documento digital y que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital”.
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