El Consejo de Ministros de este 1 de agosto ha aprobado, tal y como estaba previsto, un nuevo Real Decreto-ley encaminado a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando lo que el Gobierno considera «una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación».
Sin embargo, este texto legal no es del agrado del Comité Nacional del Transporte por Carretera que, en una nota emitida este mismo 1 de agosto, indica que «el texto finalmente aprobado estimamos como no suficiente, ya que no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado».
Según este órgano consultivo, la normativa «deja de lado cuestiones nucleares como la limitación de la subcontratación para cuyo desarrollo dispondremos de un período de seis meses». Este aspecto concreto, el de la subcontratación, se abordaría a través de una norma que empezaría a elaborarse a primeros de 2023 por tanto.
Según el Ejecutivo, el texto aprobado refuerza la posición del transportista efectivo, con el objetivo de evitar que se trabaje de manera estructural por debajo de los costes individuales.
Por otro lado, la norma también habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al sector del transporte terrestre dotada con 450 millones de euros.
Así pues, la norma recoge, de acuerdo con las autoridades, disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación.
Del mismo modo, también recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista.
Concretamente, según Transportes, para fijar dichos gastos, será válida la estructura de partidas de costes recogidas en el observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Además, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.
Por otra parte, se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías a acordar entre Transportes y el sector recoja también compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación de transporte a través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información.
Adicionalmente, se recoge la obligación de que el Gobierno, tras evaluar la efectividad de todas las medidas implantadas, presente en seis meses a las Cortes Generales un proyecto de ley revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.
Ayudas directas
Por lo que respecta al paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros, se le dota con más de 450 millones de euros, a razón de 1.250 euros por vehículo pesado de mercancías, 500 euros por vehículo ligero o ambulancia, 950 euros por autobús o autobús urbano, 300 euros por vehículo por taxi o VTC y 15.000 euros por locomotora diésel.
Además, la nueva regulación también se encargará de definir, según refleja el Comité, con mayor precisión el reglamento en cuanto al transporte de carga fraccionada en lo relativo a la prohibición de carga o descarga por parte del conductor, aunque su literal «no satisface las expectativas puestas al respecto por este Comité».
Así pues, el órgano consultivo dice esperar que «las diferencias no sean insalvables y, para ello, estamos dispuestos a seguir trabajando en los próximos meses, siendo conscientes de la complejidad que supone la puesta en marcha de esta normativa, cuya publicación consideramos como importante, pero cuyo contenido en nuestra opinión deja sin resolver el objetivo para la que se acordó».
