Francisco Miranda Hamburger – Director de Portafolio
Esta es una discusión en la que Colombia no puede escatimar voluntad política, prioridad gubernamental y conexión con la economía y la producción.
Uno de los fenómenos más generalizados durante la pandemia de la covid-19, tanto en Colombia como en el resto del mundo, fue el despliegue de la formación vía remota. Ante las cuarentenas generalizadas y los cierres de las instituciones educativas, desde los jardines infantiles hasta las escuelas de posgrados, millones de colombianos de todas las edades avanzaron su educación, tomaron cursos de formación y actualizaron sus conocimientos, desde la casa y usando herramientas digitales.
Fue de tal magnitud la masificación de la educación virtual que surgió la discusión sobre la crisis en la que se encontraría la modalidad presencial y tradicional, en especial, de universidades. En una pandemia en la que muchos se capacitaron por videos en redes sociales o por teleconferencias o aplicaciones de mensajería instantánea, la idea de pagar varios millones por retornar a un campus universitario a dar clases empezó a percibirse de forma negativa.
No obstante, los resultados de la reciente ‘Gran Encuesta de Opinión’, de la Fundación Empresarios por la Educación refleja que el 70 % de los colombianos considera que la calidad de la educación virtual es peor que la de la presencial. Asimismo, el 49 por ciento de los hogares encontró dificultad en retornar a los hábitos educativos y el 60 por ciento olvidó los temas estudiados al regresar a la presencialidad.
Estos hallazgos ameritan incorporarse al debate actual acerca del rumbo de la educación. La pandemia dejó ver tanto las grandes brechas digitales de hogares, colegios, educadores y sistema educativo como las potencialidades de las herramientas virtuales para la formación. Por otro lado, el retorno de los niños y jóvenes a las aulas presenciales han estado caracterizados por la evidencia de la heterogeneidad en la calidad educativa recibida en la virtualidad. En simultánea, los costos educativos de la educación superior y de los colegios experimentarán el año entrante, de la mano de la inflación, una dolorosa subida. Esta es una discusión en la que Colombia no puede escatimar voluntad política, prioridad gubernamental y conexión con la economía y la producción.
