Por Enrique Coulembier, CEO de Mundo.
Recientemente la diputada y futura vocera de gobierno del presidente electo Gabriel Boric, Camila Vallejos, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca modificar la Ley 18.168 sobre telecomunicaciones con el objetivo de «consagrar el principio a la conectividad y acceso a internet de las y los estudiantes».
Sin duda que estamos frente a una iniciativa que, a nuestro criterio y como promotores de la democratización de la conectividad y el acceso a Internet de calidad, nos pone realmente optimistas de lo que se viene en el futuro inmediato para reducir la enorme brecha digital existente en el país.
Según resultados preliminares del Barómetro de Brecha Ciudadana Digital, una encuesta que evidenció la correlación entre los niveles de ingreso y dificultad para el uso de servicios digitales reveló que un 87% de la población presentó dificultades en cuanto al acceso de la educación en línea, una cifra decidora que denota la gravedad de la situación actual en cuanto acceso a conectividad en Chile. Esto, si consideramos que durante la pandemia uno de los pilares fundamentales para poder continuar educando a los niños y niñas, fue la habilitación de clases telemáticas, que dejó en evidencia varias falencias de conectividad en muchos sectores a lo largo del país.
Por otro lado, y de acuerdo a los datos evidenciados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en su radiografía a septiembre de 2021, hubo un aumento progresivo en la demanda de redes de alta velocidad. Según las estadísticas del organismo gubernamental, en cuatro años, los hogares con conexión a internet fijan aumentaron de un 48% a un 67,48%, marcándose una pronunciada preferencia por la Fibra Óptica, que alcanzó el 52,9% de las conexiones en total; es decir, más de 2 millones 221 mil conexiones con crecimiento del 68% en los últimos 12 meses.
Al estudiar y desmenuzar esas alentadoras cifras, nos encontramos cara a cara con el fantasma de la brecha digital. Si observamos cómo se distribuye ese acceso a Internet en los distintos niveles socioeconómicos, la fotografía cambia muchísimo. En el segmento ABC1, el 75,1% tiene conexión pagada de internet, banda ancha fija; la cifra disminuye a un 46% al analizar el acceso a internet en el grupo C2C3; y a sólo un 24,2% en el nivel DE.
Por esta razón, mediante planes de conectividad con sentido social, que lleguen a todos los actores de nuestro país desde el Gobierno, pasando por los alcaldes, líderes comunales y las empresas proveedoras de servicios de este tipo, debemos sumarnos activamente a democratizar el uso de internet, mediante un acceso a fibra óptica e incluso, iniciativas de conexión gratuita, puesto que se atiende a organizaciones comunitarias fundamentales para el desarrollo de la sociedad, como juntas de vecinos, Bomberos, casas de adultos mayores, escuelas y liceos, entre otras. Debemos ver las telecomunicaciones como un servicio público.
Recientemente hemos conectado 5 de 21 puntos dentro de nuestro Plan de Conectividad Social en la comuna de Maipú, con servicio de Internet gratuito, una de las comunas con mayor población de la RM, con 521.627 habitantes, muchos de los cuales a la fecha no contaban un servicio a esta altura esencial y básico como es la conectividad digital.
Así, mediante una ley creemos que sí se podrá ver un desarrollo notorio de acceso a Internet mucho más igualitario, partiendo por los niños, niñas y jóvenes en edad escolar.
