El ambiente en torno a la cadena de farmacias Cruz Verde no goza de buena salud. Distintos problemas rodean a Socofar -matriz de esta marca- y todo se reduce a conflictos de dinero.
Femsa, el holding mexicano que le compró en 2015 el 60% de Socofar al empresario viñamarino Guillermo Harding (quien se quedó con la mayoría del 40% restante), interpuso un nuevo recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revertir un fallo arbitral privado que favoreció por dos votos contra uno a Harding. Los mexicanos indican que la compra carece de varios de los elementos declarados y representados como activos válidos y exigibles, por lo que exigen un reembolso o indemnización.
Por su parte, la defensa del fundador de la cadena respondió que la apelación de Femsa debe ser declarada inadmisible por la Corte. Explican que la sentencia de un arbitraje comercial internacional solo podría ser impugnada por un recurso de nulidad.
Además, Harding está contraatacando con un arbitraje contra Femsa. El impulsor de Cruz Verde exige una multa de unos US$ 50 millones por supuestas infracciones de los mexicanos al pacto de accionistas, como el uso de información de Socofar para negocios distintos. Se repetirán dos árbitros respecto a la disputa que inició Femsa: Enrique Barros, propuesto por Harding, y Alberto Lyon, impulsado por Femsa. Ambos ya designaron el tercer miembro y presidente de esta causa: el abogado Nicolás Cubillos.
Para que este arbitraje avance, resta que se reúnan las partes para fijar las reglas y los plazos, que normalmente van desde seis meses a dos años.
Toda esta contienda arbitral y que también tiene lugar en la Corte de Apelaciones, donde ambas partes se reclaman distintos montos de dinero, se da en una ventana de negociación estipulada contractualmente, donde Harding puede vender su casi 40%, porción que se está valorizando por consultores externos, con la finalidad de saber el monto que Femsa tendría que pagar. De hecho, la defensa de los mexicanos ha dicho en instancias judiciales que Harding busca “obtener ventajas negociadoras en la venta de sus acciones y su salida del grupo Cruz Verde”.
Y así, mientras los accionistas de Socofar se enfrentan, un grupo importante de franquiciados de Cruz Verde está en pie de guerra con el holding farmacéutico.
Hace pocos meses dos socios franquiciados que tienen una quincena de locales -representados por los abogados Julio Pellegrini y Diego Ramos, del estudio jurídico Pellegrini & Cía.-, interpusieron demandas contra Socofar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Ambas demandas alegan perjuicios por supuestas prácticas abusivas de la cadena, que están cifrados en $12.400 millones. En lo medular, acusan que Socofar, en su rol de distribuidor de medicamentos e insumos farmacéuticos, les vendería más barato a sus locales propios y a las farmacias independientes, trato que no tendrían sus cerca de 160 farmacias franquiciadas, de un total que supera las 700.
Para reforzar su caso, los dueños de locales que están enfrentando a la cadena, contrataron al economista y director de la Bolsa de Comercio, Jorge Quiroz, para que elabore un estudio económico que detalle la discriminación de precios por parte de Cruz Verde.
Otro grupo de locatarios, que manejan alrededor de 28 locales de diferentes ciudades y comunas, no ha demandado a Socofar en el TDLC, pero de todos modos acusan abusos por parte del holding. Contrataron a la consultora externa Tribeca Advisors para calcular los perjuicios de los últimos cinco años y lo cifraron entre US$ 23 millones y US$ 29 millones.
Este grupo aún está evaluando si sumarse a la demanda. Lo que los ha frenado son las conversaciones que están teniendo con la empresa, donde aseguran que se les ofrecería un nuevo contrato, que aún no llega a sus manos.
Pero Socofar niega lo anterior. Al ser consultados por Pulso, responden que “no estamos negociando ningún pago o compensación económica, todo lo contrario, estamos defendiendo con fuerza sus derechos e intereses en esa sede judicial”.
Pese a los reclamos de los franquiciados que aún no demandan, tienen pocos días si quisieran plegarse a los recursos en el TDLC, dado que dicho tribunal llamó a Socofar y a los franquiciados que la demandaron a una instancia de conciliación, hito que tendrá lugar la próxima semana y que, en caso de resultar exitoso, no incluirá en las compensaciones a quienes no hayan demandado por motivos de libre competencia.
Pese a ello, la conciliación se ve lejana. Esta semana Socofar anunció que arremeterá en tribunales civiles contra tres franquiciados, entre ellos Farmacéutica Santiago, que lidera el caso en el TDLC. La cadena interpondrá tres demandas que buscarán terminar los contratos con estos locatarios. A uno de ellos, Rodrigo Castro, lo acusan de estafa en otro libelo que se tramita en la justicia del crimen.
“Seremos estrictos a la hora de defender nuestro modelo de franquicias de cara a franquiciados que se apartaron del estricto cumplimiento de deberes esenciales provenientes de este tipo de contratos”, señaló Socofar a Pulso.
Por su parte, Farmacéutica Santiago, a través del abogado Miguel Schürmann del estudio Chaves Awad Contreras & Schürmann Abogados, interpuso una querella contra quienes resulten responsables, dado que en medio de la demanda del TDLC, sufrieron el robo de un computador en sus oficinas con información comercial clave.
Pese a todos estos problemas, Socofar no piensa renunciar a su modelo de franquicias. “Las franquicias Cruz Verde son un modelo exitoso y apetecido. Es un modelo en constante crecimiento, por lo cual seguiremos sumando locales franquiciados a nuestra red, incluso ya proyectando franquicias en otros países donde operamos”, afirma la compañía.
