- Los restaurantes que hacen comida a domicilio en locales de más 200 metros cuadrados deberán destinar espacio a los repartidores y obtener un permiso especial
Según publica elpais.com Ni supermercados ni cocinas fantasma. Barcelona prohíbe los negocios de productos o comida que se reparte a domicilio sin espacio físico para clientes. Los 21 almacenes de marcas como Glovo o Getir que hay en la ciudad tendrán que cerrar o reconvertirse en supermercados abiertos al público o almacenes al por mayor. Y las dark kitchen estarán prohibidas en la ciudad salvo en el polígono industrial de la Zona Franca, en la periferia. El Gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha presentado este viernes la regulación definitiva del plan especial urbanístico de actividades vinculadas al reparto, una actividad económica que comunes y socialistas rechazan por su afectación en la economía local y la vida de los barrios. El plan tiene consenso en los partidos de la oposición y la previsión es que se apruebe definitivamente en el plenario del día 27 de este mes.
El plan también contempla que los bares y restaurantes que preparan comida para llevar en locales de más de 200 metros cuadrados deberán destinar un espacio a los repartidores (para que puedan descansar mientras esperan e ir al baño) y obtener un permiso especial. Aunque los restaurantes y bares de mayor tamaño tendrán dos años para adaptarse, el Gremio de Restauración ya ha puesto el grito en el cielo y ha asegurado que “la nueva norma sentencia el delivery con una norma absurda que condena a la restauración a ser más competitiva”.
Preguntada por la futura normativa, Getir ha respondido que no conoce el detalle final. Fuentes de la Asociación Española de Economía Digital, ADigital, han recordado, también sin tener el detalle del redactado final, que en el trámite inicial del plan urbanístico apostaron por “una regulación proporcional y justificada para estos servicios de última milla, que tenga en cuenta su beneficio económico, social y ambiental”, defendieron “los beneficios a los ciudadanos y a las propias ciudades” de estos negocios y pidieron “no discriminar los servicios que se ofrecen a los ciudadanos en función del canal (online u offline)”.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz (Barcelona en comú) ha defendido un plan “que pone orden en actividades que se realizan en espacios cerrados para reparto a domicilio y que saturan el espacio público”. “En las calles de Barcelona no habrá cocinas ni supermercados fantasma, ni almacenes ni cocinas industriales que no estén abiertos a la ciudadanía y que son de grandes multinacionales”, ha dicho y ha recordado que había dos proyectos con licencia de obras pero no de actividad que no se podrán abrir.
Sobre los supermercados fantasma, los ha cuantificado en 21: el único distrito que no tiene es Sant Andreu, en el resto de distritos hay uno o dos y donde mayor densidad se acumula es el Eixample (seis locales) y Sarrià-Sant Gervasi (cuatro).
Laia Bonet, teniente de alcalde de Agenda 2030 (PSC), ha defendido el modelo barcelonés de comercio de barrio y se ha congratulado “de poder decir con la cabeza bien alta, que es una norma pionera en el Estado”. Sobre los supermercados fantasma ha señalado: “O son minoristas o son mayoristas, y si son minoristas tienen que estar abiertos al público”. También ha destacado que la norma “mejora las condiciones laborales de los riders”.
Las dos concejales de los dos partidos que forman la coalición de gobierno, que en las últimas semanas, y en vísperas de las elecciones, han comparecido a menudo conjuntamente, han señalado que este plan pone coto a la economía de plataforma, como la Tasa Amazon, también presentada recientemente. “La barra libre queda evitada en Barcelona, que tiene que ser un lugar donde poder y querer vivir”, han defendido.
La Autoridad Catalana de la Competencia cuestionó el plan del Gobierno Colau
En mayo pasado, la Autoridad Catalana de la Competencia, emitió un duro informe sobre el plan municipal de actividades de reparto a domicilio y consideró que «comporta restricciones muy graves e injustificadas a la competencia la actividad económica». En concreto, apuntó que «condiciona notablemente (hasta prohibir) el acceso y ejercicio de algunas actividades comerciales, sin fundamentarse en un estudio previo que valore los costes y beneficios de las medidas previstas en la futura regulación». También puso en cuestión que «se exija la habilitación de zonas de espera de repartidores cuando utilizan bicicletas o patinetes, incentivando el uso de vehículos más contaminantes». Y por último señaló que «se aparta las cocinas dedicadas exclusivamente al delivery a las zonas industriales de la ciudad».
