- Las grandes empresas de distribución abonaron 4.500 millones en 2022
- El coste en salarios y cotizaciones subió 5,2%
El gran comercio español aumentó el año pasado un 12,5% el importe de los impuestos pagados a Hacienda. Según las estimaciones de Anged, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, en conjunto, El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ikea, Fnac, Media Markt, Leroy Merlin y el resto de grandes grupos que integran la patronal, incrementaron su aportación fiscal hasta los 4.500 millones, frente a los 4.030 millones que se abonaron en 2021.
La asociación destaca que a esa cifra hay que sumar, además, otros 7.100 millones de euros más de aportación social a la economía en concepto de salarios y cotizaciones. Con más de 230.000 trabajadores, es una cifra que supone igualmente un incremento del 5,2% respecto al año anterior.
En 2022, Hacienda recaudó un total de 32.176 millones de euros por el Impuesto de Sociedades, un 20,8% más impulsado por los resultados de las empresas y un récord que sólo ha sido superado en la serie histórica por los ejercicios 2005, 2006 y 2007 en plena burbuja inmobiliaria.
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La evolución de la recaudación tributaria, no obstante, ha cambiado el ritmo en el arranque del año y el Impuesto de Sociedades, acumula una recaudación total de 2.788 millones de euros hasta junio, prácticamente la mitad de los 5.417 millones que sumaba el año pasado en el primer semestre, según el informe mensual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria.
Dificultades
El crecimiento en la aportación fiscal de las grandes empresas de distribución se produce en un momento complicado para el comercio debido al fuerte incremento de los costes y la consecuente reducción de sus márgenes. Pese a los ataques por parte por parte de distintos miembros del Gobierno, Anged, como el resto de organizaciones empresariales que agrupan a las principales cadenas de distribución alimentaria, ha resaltado en los últimos meses el gran esfuerzo realizado para contener la inflación.
El presidente de la organización, Alfonso Merry del Val, recordaba en este sentido durante su asamblea a anual, celebrada el 22 de septiembre del año pasado, que «para la distribución comercial, como para otros muchos sectores, los últimos tres años han sido un ejercicio permanente de superación de adversidades: pandemia, hundimiento del consumo y restricciones de actividad, cuellos de botella logísticos, escasez de materias primas, paros de transporte, escalada energética, guerra en Ucrania…».
Tope a los precios
Merry del Val, que calificó ya de «propuesta inaplicable» la posibilidad de poner tope a los precios «a costa de los estrechísimos márgenes de las empresas», como sigue reclamando Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, acusó a algunas Administraciones de estar acelerando la espiral de costes.
Según estimaciones de la CEOE, el coste regulatorio para el comercio creció a raíz de la pandemia en 1.774 millones de euros, como consecuencia de la hiperregulación creada por más de 3.000 nuevas normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales. Y lo peor para el sector es que esta tendencia no ha cesado y las empresas se han visto afectadas por otra treintena de medidas que encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas.
Presión normativa
«En España se ha propuesto avanzar más rápido y con más carga que en Europa en cuestiones como cadenas de valor, etiquetados, economía circular, plásticos, residuos o transición energética. Y de forma fragmentada entre comunidades autónomas», explican en la patronal.
En total, en 2022 se aprobaron en nuestro país casi un millar de nuevas normativas que afectaban al comercio de los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, lo que supuso una media de 2,7 desarrollos legislativos al día, el doble de las 476 en total registradas en 2019, antes de la pandemia, según datos de WorldLex.
Un estudio del Instituto de Estudios Económicos señala que las consecuencias de esto son que la no creación de 88.000 empleos, un incremento del IPC de 1,7 puntos, un impacto negativo en la inversión de 770 millones de euros anuales y, paradójicamente, una reducción de la recaudación fiscal de la administración de 870 millones de euros anuales.
