La Contraloría declara de interés nacional la disputa entre Cruz Verde y Sanitas mientras se investigan las reservas técnicas de la EPS, la Contraloría examina el conflicto entre la cadena de farmacias Cruz Verde y la Empresa Promotora de Salud (EPS) Sanitas, un asunto que amenaza con afectar el acceso a medicamentos e insumos médicos para casi 6 millones de personas que no están cubiertos por el Plan Básico de Salud.
El Contralor de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha categorizado este problema como de «impacto nacional» y ha puesto en marcha un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción para investigar lo sucedido con las reservas técnicas que la EPS Sanitas debía haber constituido para garantizar el pago a proveedores y prestadores de servicios médicos.
El objetivo es obtener resultados rápidos para prevenir un posible deterioro de los recursos de la salud
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La declaración y la activación del equipo de investigación indican la gravedad de la disputa, tanto por su impacto en los afiliados de la EPS como por el riesgo de que problemas similares ocurran con otras EPS y proveedores de servicios de salud. Estas medidas son inusuales y la Contraloría, encargada de supervisar el uso adecuado de los fondos públicos, solo las toma en casos de grandes sumas de dinero o de importancia nacional.
Cruz Verde alega que Sanitas le adeuda aproximadamente 400.000 millones de pesos (alrededor de 100 millones de dólares) y afirma que, a pesar de más de tres años de negociaciones y múltiples solicitudes, la EPS española no ha propuesto un plan de pago.
La situación se agravó aún más cuando la Defensoría del Pueblo, un ente estatal independiente, convocó una mesa de diálogo entre Cruz Verde, Sanitas y las autoridades de salud. Además, al igual que el Gobierno desde el martes, la Defensoría respalda a la cadena de farmacias y urge a Sanitas a no empeorar la crisis de la salud y garantizar este derecho fundamental.
Aunque el conflicto entre ambas empresas ha generado controversia, no es un caso aislado. En situaciones similares, la Contraloría ha llegado a sancionar a otros proveedores y prestadores de servicios de salud.
En el último año, la unidad de investigación activada el miércoles ha manejado 14 casos relacionados con temas de salud, que en conjunto suman 630.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares). Estos casos han resultado en cuatro imputaciones de responsabilidad fiscal por 274.201 millones de pesos (alrededor de 66 millones de dólares) y tres fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia por 389.619 millones de pesos (unos 95 millones de dólares).
Entre los involucrados no solo se encuentran EPS, sino también entidades como Saludcoop, Cafesalud, Medimas, la estatal ADRES, cajas de compensación familiar y entidades gubernamentales
Además de resaltar estos precedentes, la Contraloría ha señalado que está investigando la información sobre el estado financiero general de las EPS para el año 2022, lo que muestra la magnitud sistémica de la crisis en el sistema de salud.
Esta revisión incluye una auditoría de desempeño de los flujos de recursos del sistema de salud para identificar debilidades y obstáculos. Es la primera vez que se realiza este ejercicio, que abarca alrededor de 240 billones de pesos (unos 60.000 millones de dólares), una cifra similar al presupuesto nacional.
Entre los aspectos que se analizan se encuentran las reservas técnicas, que parecen haber disminuido significativamente en las cuentas de las EPS.
Esta revisión refleja el difícil estado del sistema de salud, que fue creado hace tres décadas con el propósito de ampliar la cobertura de seguros de salud en la población. A pesar de haber logrado aumentar significativamente la cobertura, el sistema enfrenta importantes problemas financieros.
El Gobierno propone una reforma estructural para eliminar las EPS como gestoras de riesgos y administradoras de recursos, concentrando la gestión del dinero en la estatal ADRES. Sin embargo, esta reforma ha generado controversia y tensiones políticas, lo que ha llevado a la intervención gubernamental en varias EPS y otros cambios significativos en el sistema de salud. Según publica El País
