Philip Morris y la Federación Nacional de Departamentos (FND) sellaron un acuerdo de al menos 15 mil millones este año para la lucha anticontrabando de cigarrillos en las 32 gobernaciones del país.
“La destinación de los recursos dependerá de los criterios que la Asamblea de Gobernadores genera de acuerdo a su ubicación geográfica, número de habitantes, impacto socioeconómico del contrabando, resultado de gestión de operativos, y resultados del último estudio de contrabando”, aseguró el director ejecutivo de la FND, Carlos Camargo. Por ahora se desconoce cómo quedará repartida esta torta.
Los dineros servirán para fortalecer el “sistema informático, a la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación, y todos los grupos de rentas departamentales para ver cómo, cuándo y por qué se está dando el contrabando en las ciudades”, afirmó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba.
El funcionario se mostró preocupado porque este flagelo (por contrabando licor, cerveza y cigarrillos) impacta en 1,6 billones de pesos los recursos para la salud, educación y recreación. En evasión de aportes parafiscales se llega a 5,4 billones, y alrededor de un billón se pierde por los juegos ilegales de azar. Al año están dejando de llegar al erario alrededor de unos 8 billones.
No es la primera vez que se hace este acuerdo, de hecho el evento refrenda uno existente para completar el compromiso adquirido en 2009 de 200 millones de dólares a 20 años (2029), y que se había frenado en 2016. Así, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedio de ese año, la destinación de recursos prevista era por 431.258 millones en 20 años, es decir un estimado anual de 21.562,9 millones de pesos; aunque esto depende de la ejecución de cada proyecto.
Desde el sector privado
El interés por revivir este plan parte de una inquietud sectorial pues se estima que la cantidad de cigarrillos ilegales ha crecido en un año, entre 2017 y 2018, de 18 % a 25 % en el país; en 2011 el dato era 16 %, tras un estudio realizado por Invamer para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que incluye 1.647 encuestas.
De acuerdo con el presidente de Coltabaco, filial de Philip Morris, Carlos Serrano, las cifras recogidas por la firma muestran que el mercado ilegal casi duplicó su presencia desde 2016, cuando registró 13 %. Así, la Andi sostuvo que el estudio “evidencia una relación directa entre el aumento de los impuestos y el contrabando de este producto”.
Según los cálculos de la consultora de una cajetilla de 20 cigarrillos, la mitad se destina a las “arcas públicas de los departamentos”, lo que implica una relación directa entre el menor recaudo frente a un mayor volumen de contrabando, fenómeno que se ha venido incrementando.
Incluso, Serrano explicó que el año pasado la afectación pública fue de 141 millones de dólares; es decir, una cifra cercana a los 440 mil millones de pesos, lo que se podría invertir en “actividades de salud, educación e infraestructura”, recalcó el líder empresarial.
Finalmente, con la muestra de Invamer la mayor participación del mercado de cigarrillos ilegales en 2018 se dio en La Guajira, con 86 %; territorio al que le siguió Cesar (80 %), Magdalena (74 %), Sucre (67 %) y Córdoba (62 %). En Antioquia, la participación pasó de 10 % a 13 % entre 2017 y 2018; y el consumo creció en la misma proporción durante el periodo evaluado: de 8 % a 11 % según la muestra.
