En una rueda de prensa, la superintendente, Carmen Ligia Valderrama, anunció que la Superintendencia de Transporte somete a control a CAP Technologies S.A.S, que utiliza la herramienta tecnológica Picap, para la prestación ilegal del servicio público de transporte.
«La entidad tomó la decisión de someter a control a la sociedad CAP Technologies S.A.S, y convocarla a proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades», dijo Valderrama.
La entidad también anunció que comprobó que la actividad de Picap es ilegal porque no se encuentra habilitada para prestar el servicio público de transporte y, «además, porque la ley prohíbe el transporte de pasajeros en motocicleta».
La decisión de la Super obedece a la situación crítica de orden jurídico, financiero y contable de la sociedad, «pero sobretodo, para brindar una solución a la seguridad de los usuarios y a la debida prestación del servicio público de transporte».
Vale la pena recordar que la aplicación fue demandada por el Ministerio de Transporte ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La entidad explicó que en el país no está permitido prestar el servicio público de transporte de pasajeros en vehículos de dos ruedas, pues así lo establece el Código Nacional de Tránsito. «El servicio de transporte que se promueve, se ofrece, se contrata y se presta a través de la plataforma tecnológica Picap es una actividad comercial ilícita, en razón de que se ofrece un servicio público de transporte de pasajeros en vehículos de dos ruedas».
La Secretaría de Movilidad también se sumó e interpuso una denuncia a la aplicación por prestar un servicio ilegal de transporte de pasajeros, utilizando motocicletas, y por fijar tarifas a través de una plataforma tecnológica. “Tal como lo expresamos en la denuncia presentada en principio, la facultad de fijar tarifas para el servicio público está en cabeza de los alcaldes y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no ha delegado en ningún particular esta función”, señaló el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.
Por otro lado, esta semana las entidades del Gobierno le han puesto la lupa a las plataformas de transporte. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que durante una audiencia que se realizó este viernes, le ordenó «el cese de la prestación del servicio de transporte a Uber», según informó un portavoz de la entidad.
En un comunicado, la SIC explicó que «en ejercicio de funciones jurisdiccionales, resolvió la demanda interpuesta por Cotech S.A. en contra de Uber BV, Uber Technologies INC y Uber Colombia S.A.S., y determinó que estas últimas incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela (artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996) al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte». La empresa lamentó el fallo de la SIC y apeló.
Y este miércoles, 18 de diciembre, la Superintendencia de Transporte dijo que Uber Colombia deberá pagar $414.058.000, que equivale a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (multa máxima establecida para esta clase de conductas) por facilitar y promocionar –a través de voceros o terceros, o de medios publicitarios o de difusión de cualquier índole – la prestación de servicios de transporte no autorizado en el país. Desconociendo una vez más la orden de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en la que pedía a la empresa cesar esta conducta.
La Superintendencia de Transporte solicitó explicaciones a Uber Colombia, el pasado 6 de diciembre, sobre el presunto incumplimiento de la orden expedida previamente por la entidad de cesar la facilitación y promoción de servicios de transporte terrestre no autorizados.
