La ciudad de La Paz, Bolivia, se encuentra actualmente en medio de una agitación causada por las protestas de miles de mineros cooperativistas que exigen al gobierno la asignación de nuevas áreas de explotación de oro. Estas manifestaciones, marcadas por detonaciones de petardos y dinamita, han paralizado el transporte público y generado tensiones en la región. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cochabamba, Carlos Contreras, revela que La Paz recibe solo el 8 por ciento de los turistas extranjeros que llegan al país, a pesar de ser desplazada al quinto lugar en preferencia turística por la intensificación de la minería de oro.
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La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz lidera las protestas con tres demandas principales: un proyecto de ley que establezca un impuesto único reducido del 4,8 por ciento para la comercialización del oro, la aprobación de concesiones pendientes y el reconocimiento de su personería jurídica. Jan Souverein, representante de la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia, destaca que, a pesar de que el oro es un producto de exportación clave, el sector aurífero contribuye mínimamente en impuestos.
El analista Héctor Córdova sostiene que las demandas de los mineros no justifican la magnitud de las protestas y señala que buscan áreas de explotación en reservas de biodiversidad, como el Parque Natural de Madidi. Además, destaca la asociación de empresas extranjeras, principalmente chinas y colombianas, con cooperativas bolivianas, generando beneficios significativos y evadiendo impuestos y licencias ambientales. El conflicto revela también la contradicción entre el discurso ambientalista del gobierno y sus acciones que facilitan la minería con impactos ambientales y sociales severos.
Con información de DW
