El panorama en torno a la aerolínea Amaszonas se mantiene en un estado de incertidumbre y tensión. La suspensión de todos los vuelos ha generado una reacción contundente por parte de más de 2.000 pasajeros afectados en todo el país, quienes demandan una solución a esta problemática. En medio de esta controversia, la audiencia del amparo constitucional presentado por los ejecutivos de Amaszonas ha sido programada para el 15 de agosto, mientras que la medida de desmatriculación de las cuatro aeronaves en cuestión se mantiene en vigencia.
Aunque la Justicia admitió el amparo presentado por la aerolínea contra la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y ordenó revocar la medida administrativa, la ejecución de esta orden se ha vuelto un proceso complejo. Las autoridades de la DGAC han expresado las limitaciones para acatar inmediatamente dicha orden, y advierten sobre la necesidad de cumplir ciertos requisitos para mantener la licencia de operador.
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El conflicto gira en torno a la desmatriculación de cuatro aeronaves propiedad de la empresa irlandesa GY Aviation Lease 1816, con las cuales Amaszonas mantiene una deuda significativa. A pesar de que la aerolínea tiene licencia de operador hasta 2024, esta debe demostrar la posesión de al menos una aeronave propia o en arrendamiento para cumplir con los requisitos regulatorios.
Las manifestaciones de los pasajeros afectados se han multiplicado a lo largo del país, elevando la presión sobre las autoridades y la aerolínea para encontrar una solución pronta y satisfactoria. Los ejecutivos de Amaszonas han culpado al Gobierno por no acatar la orden judicial de revocar la suspensión de las aeronaves, mientras que la DGAC sostiene que la situación es más compleja y requiere un proceso de resolución entre las partes involucradas.
En este contexto, el futuro de Amaszonas y su capacidad de seguir operando con normalidad siguen siendo inciertos. A medida que se acerca la audiencia del amparo constitucional, tanto la aerolínea como las autoridades tendrán la responsabilidad de abordar esta situación de manera eficaz y equitativa, buscando salvaguardar los intereses de los pasajeros y el cumplimiento de las normativas aeronáuticas.
Con información de El Deber
