Según publica el portal Infobae el gobierno de Bolivia podría hacer estallar una gigantesca burbuja inmobiliaria. El cierre del Banco Fassil, dispuesto por el gobierno de Luis Arce, dejó en angustia a más de un millón de ahorristas y podría ser la chispa que haga estallar una gigantesca burbuja inmobiliaria, con amplias ramificaciones políticas.
Era el banco con más oficinas en Bolivia, que llegaban a 485, donde trabajaban 4.500 personas y era el más comprometido con gigantescos proyectos de urbanización en Santa Cruz, que abarcan unas 100.000 hectáreas.
Cuatro ejecutivos del banco están detenidos por orden de la autoridad financiera, acusados de no haber cumplido con sus ahorristas y han recibido, como les pasa a los políticos opositores, inmediatas órdenes de detención “preventiva”, sin que se hayan iniciado siquiera las indagatorias.
El gobierno de Bolivia podría hacer estallar una gigantesca burbuja inmobiliaria
El banco ha respondido con un comunicado en que pone en venta todos sus bienes inmuebles, lo que incluye miles de parcelas de terreno de los proyectos urbanísticos Nueva Santa Cruz, Nueva Urubó y Parque Industrial Latinoamericano, entre varios otros, que los miles de compradores dejaron de pagar y produjeron grandes huecos en el sistema financiero.
Este detalle podría ser la chispa que provoque el estallido de la burbuja inmobiliaria que terminaría afectando a otros bancos que participaron en los ambiciosos proyectos de urbanización desmesurados para Bolivia.
Expertos de una empresa coreana que hicieron un estudio sobre estos proyectos llegaron a la conclusión de que solamente en Santa Cruz habían en oferta espacios urbanizados para albergar a 16 millones de ciudadanos, aunque Bolivia sólo cuenta con 11 millones de habitantes.
De ese informe surgió la versión de que uno de los proyectos urbanísticos estaba comprometido para una inmigración masiva de ciudadanos chinos, que comenzaría con una ciudad de un millón de habitantes junto a Santa Cruz.
Uno de los proyectos, el llamado Nuevo Urubó comprende una carretera de 45 kilómetros, con áreas habilitadas a ambos lados para la construcción de viviendas, aunque por el momento no existe ni una sola alma.
Ese proyecto parte de la población vecina a Santa Cruz llamada Porongo y llega hasta las faldas de la serranía del parque Amboró, controlado por cultivadores de coca y narcotraficantes, que cuentan con una pista clandestina muy bien dotada, con dos restaurantes de comida colombiana.
En todo esto está la mano del gobierno de Evo Morales, que forzó a los bancos a habilitar programas de financiamiento de viviendas populares, con préstamos a sola firma y con muy bajas tasas de interés.
