Uruguay se encuentra inmerso en un debate legislativo que podría tener repercusiones significativas en la industria del alquiler temporario, especialmente para los pequeños anfitriones que utilizan plataformas como Airbnb. Un proyecto de ley, respaldado por lobbyistas hoteleros, está en discusión en el Palacio Legislativo, proponiendo regulaciones que equipararían a los pequeños anfitriones con las grandes cadenas hoteleras. Desde el inicio del año, el gobierno uruguayo ha estado examinando esta propuesta destinada a regular el alquiler temporario con fines turísticos, generando controversias, especialmente entre los propietarios que ofrecen sus propiedades a través de plataformas digitales.
El proyecto define el alquiler temporario como la cesión de inmuebles para estancias turísticas, excluyendo las viviendas principales, y propone la inscripción en un Registro Nacional de Inmuebles para Alquiler Temporario, supervisado por el Ministerio de Turismo. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de grandes cadenas hoteleras, que ven en Airbnb una competencia «desleal» que desean frenar mediante regulaciones costosas y complejas para los anfitriones de Airbnb.
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Anfitriones que alquilan cuartos o pequeños alojamientos para complementar sus ingresos se ven amenazados por esta legislación. Aunque reconocen la necesidad de regulaciones, argumentan que el proyecto actual no refleja su realidad y podría perjudicar el desarrollo del turismo. La comparación entre anfitriones y grandes empresas del sector es un punto crítico, ya que la diversidad de perfiles contrasta con la homogeneidad de las corporaciones hoteleras.
Airbnb, junto con otras plataformas como Expedia y Despegar, se opone activamente al proyecto de ley. La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), que representa a estas plataformas, critica algunas disposiciones del proyecto que podrían tener consecuencias negativas para el desarrollo del sector. ALAI aboga por regulaciones diseñadas para fomentar el crecimiento del negocio en lugar de imponer restricciones innecesarias, destacando que las diferencias fundamentales entre anfitriones y hoteles deben ser tenidas en cuenta. El debate se centra en cómo regular la actividad turística en viviendas particulares sin desincentivar su crecimiento.
Con información de Lr21
