Según publica el portal La Nación Uruguay es considerado por los rankings globales como una democracia plena, la única en América del Sur, y sus indicadores la llevan a encabezar la lista de países latinoamericanos como el mejor sistema democrático de la región. Está entre los mejores situados en la clasificación del Informe sobre la Felicidad Mundial. Ha sido uno de los ejemplos a seguir durante la pandemia de coronavirus por su eficaz campaña de vacunación, y su estabilidad económica sorprende a expertos, con un crecimiento previsto para este año mejor de lo esperado. Aun así, hay otras situaciones complejas que generan alarma en el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
Hoy, el talón de Aquiles de Uruguay es la inseguridad. Casi la mitad de la población, un 46%, considera que esta es la mayor problemática que enfrenta el país, muy por encima de la situación económica (36%), y el desempleo (25%), de acuerdo al último relevamiento de la consultora Equipos. La situación no es nueva: se ha mantenido en la cabeza de los sondeos durante años, a excepción de 2020 y 2021 cuando la emergencia sanitaria dominó la escena.
La tasa de homicidios ha ido en aumento desde al menos 2004, con casos de leves descensos, hasta alcanzar un pico extremo de 12 asesinatos cada 100.000 habitantes en 2018. Entonces, ocupó el cuarto lugar entre las peores cifras de América del Sur, solo superado por Venezuela, Brasil y Colombia.
En los últimos cuatro años los dos dígitos en la tasa de homicidios descendieron hasta 8,5 el año pasado, según los registros oficiales del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior uruguayo. El oficialismo atribuyó este descenso a las reformas de seguridad logradas con la Ley de Urgente Consideración.
Pero este año la violencia en Uruguay repuntó. Los homicidios consumados en el primer trimestre de 2022 crecieron 39,3% en comparación con el año anterior, hasta llegar a 188 asesinatos entre enero y junio, 53 más que en el mismo período en 2021. Un relevamiento realizado por el medio La diaria estima que en julio hubo 36 homicidios, y el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó que en agosto hubo 34 más. Hasta el 6 de octubre, ya habían ocurrido 10 homicidios.
Lacalle Pou se pronunció al respecto el pasado 29 de agosto en su visita a Rocha. “Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, una violencia entre bandas”, un tipo de delito que “es muy difícil” de prevenir, señaló.
“¿Qué quiere decir esto? Que no están vinculados estos homicidios a una rapiña con un homicidio posterior o un hurto con un homicidio posterior”, sostuvo. “Insisto: eso no sirve de excusa, hay que trabajar más fuerte todavía para tratar de anticiparse a un delito al que es muy difícil anticiparse, como el homicidio”.
Conflictos entre grupos criminales
En el primer trimestre de 2022, el reporte del Ministerio del Interior detalla que el 50% de los homicidios consumados se han dado por “conflictos entre grupos criminales/tráfico de drogas/ o ajustes de cuentas”, mientras un 15% fue por “violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas”, y otro 11%, por “altercados espontáneos”. Además, el 46% de las víctimas de homicidios tienen antecedentes penales.
Uruguay, el mayor consumidor de cocaína en términos per cápita de América Latina y uno de los mayores del mundo según el Banco Mundial, ha tomado un rol importante en los últimos años como distribuidor de los cargamentos de droga hacia Europa gracias al éxito del narcotráfico en América Latina, que tiene el efecto de desplazar las rutas de tráfico hacia otros lugares. Y si bien los niveles de violencia contras las drogas en el país están muy por debajo de los de Colombia, El Salvador o México, el comportamiento criminal de sus bandas de narcotraficantes emula estrategias tempranas bien documentadas en otras partes de la región, profundiza al respecto el último análisis del Programa de las Naciones Unidas para El Desarrollo (PNUD).
“El país tiene una gran violencia asociada al microtráfico de drogas que está muy concentrada geográficamente dentro de Uruguay y que ha explicado una tendencia creciente en los homicidios que diría que se ha dado en los últimos 10 años, con saldos abruptos en algunos años, y que ha dado tasas de homicidios muy elevadas en zonas concentradas, como en Montevideo”, explicó a LA NACION Emiliano Tealde, doctor en economía y profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay.
“En estas zonas concentradas, en especial Montevideo, donde se concentra la mayoría de la población del país, y en algunas zonas del interior, tenemos un montón de bandas de poco poder de fuego, de una estructura familiar, que no están coordinadas entre ellas y que se disputan de una forma bastante violenta la venta”, agregó Tealde.
El experto detalló que existen incentivos para que las personas se vuelquen en este negocio y en su mayoría son carencias estructurales, “como el sistema educativo, que no logra retener a jóvenes en el secundario, o tasas de deserción altas, que, si bien puede ser una parte minoritaria de la población, ven en estos mercados ilegales una salida”.
Superpoblación en las cárceles
Otro factor clave es la superpoblación carcelaria. Uruguay tiene una tasa de encarcelamiento de 372 por cada 100.000 habitantes. De 223 países, es el decimocuarto en el ranking de países con mayor tasa de encarcelamiento, evidencia que su sistema de reclusión se encuentra al límite de sus posibilidades.
La base de datos de World Prison Brief arroja que la nación supera en un 30.9% su capacidad carcelaria, lo que genera grandes problemas. Entre ellos, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó en mayo su preocupación por un incremento en el número de muertes registradas dentro de las cárceles, que fue de un 79% de 2021.
La superpoblación carcelaria es además un puntapié para continuar con la delincuencia. “La cárcel en Uruguay es una universidad del delito. Dentro de nuestras cárceles hacés posgrado, te especializás en otro tipo de actividades delictivas que antes no hacías”, aseguró a LA NACION el especialista en seguridad Edward Holfman. “Hay 14.900 personas privadas de la libertad en 26 centro penitenciarios, pero además tenés 16.000 personas fuera de la cárcel con penas alternativas”.
“Se creó un sicariato. Muchos conflictos se arreglan con la muerte, pero a su vez una de las cosas que suceden, y no es solo en este país, es que si no se resuelven en la cárcel se resuelven fuera. Lo que vemos, al haber gran cantidad de delincuentes extranjeros en las cárceles –entre ellos chilenos, brasileños, argentinos y colombianos- es que ahora en Uruguay hay un modus operandi de bandas extranjeras que resuelven las cosas de forma más violenta”, agregó.
Si bien el gobierno de Lacalle Pou reforzó las fronteras para intentar frenar el narcotráfico, Holfman advierte que la porosidad de la frontera trae serios problemas y el control tiene falencias, en especial en las vías aéreas. El Ministerio de Seguridad uruguayo informó años atrás de 900 pistas de aterrizaje irregulares, “que no quiere decir que se dediquen al narcotráfico, pero sí que hay una falla de controles y este tipo de avionetas puede bajar en cualquier lado”.
En el último tiempo, el país ha sido protagonista de una serie de escándalos, entre ellos el caso del narcotraficante Sebastián Marset, prófugo gracias a que el consulado uruguayo le entregó un pasaporte con el cual pudo salir de Dubai, donde estaba detenido. El caso está bajo investigación y “no aporta nada nuevo” al rol del país en la ruta narco. “Pero dilucida el poder económico que tiene este mercado para lograr comprar voluntades”, consideró Tealde.
Violencia de género
En tanto, la ONU advirtió en su último reporte que la violencia contra las mujeres en Uruguay continúa siendo “un fenómeno extendido” luego de contabilizar 30 femicidios y 38.925 denuncias de violencia doméstica en 2021, un aumento notable en comparación con los 19 asesinatos de 2020. Tampoco se ha asignado la totalidad del presupuesto necesario para la implementación efectiva de las medidas contenidas en la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género y reportó sobre la existencia de obstáculos para el acceso a la justicia.
El Ministerio del Interior contabilizó en el primer trimestre de este año 14 femicidios, aunque según la base de datos de Feminicidio Uruguay, un proyecto que los monitorea desde 2001, elevó esa cifra a 34, ya que el ministerio no contabiliza el caso si no se judicializa.
“La legislación no tiene presupuesto, con lo cual se pueden aprobar leyes de última generación, pero después no se las dota de un presupuesto para implementarlas. El trasfondo es que hay un machismo esbozado que está muy enquistado, sobre todo en el interior del país”, detalló Herrera Sormano, quien asegura que, en esta administración, así como en las anteriores, no hay avances porque la violencia de género “no está entre las prioridades gubernamentales”.
Mónica Bottero, Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, indicó a LA NACION que, al momento de aprobarse la ley, era sabido que no se iba a poder financiar en su totalidad desde un primer momento. “Con parte del presupuesto se crearon tres juzgados especializados. Es cierto que deberían haberse creado más, porque si existieran estos juzgados especializados, el acceso a la justicia sería más fácil. Además, hay barreras culturales, los funcionarios policiales necesitan estar más preparados para hacer las denuncias y las coordinaciones para dar respuesta”.
