La implementación de las tobilleras electrónicas en Uruguay desde 2013 ha generado un debate constante sobre su eficacia y utilidad. Inicialmente, se presentaron como una herramienta crucial para controlar a personas en situaciones de alto riesgo, especialmente en casos de violencia doméstica. Sin embargo, a lo largo de los años, su efectividad ha sido cuestionada.
El Ministerio del Interior afirmó que estas tobilleras tenían una efectividad del 100% y se utilizarían en situaciones de alto riesgo. La iniciativa fue apoyada por el objetivo de cubrir todo el país con este sistema para abordar denuncias de violencia doméstica. Sin embargo, las cifras de femicidios entre 2015 y 2019 contradicen la afirmación de efectividad, ya que se registraron varios casos en esos años.
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Las tobilleras electrónicas son dispositivos DPO que se colocan por orden judicial y se monitorean desde un centro especializado. A pesar de su implementación, ha habido casos de personas que lograron romper las tobilleras y fugarse, lo que plantea preguntas sobre la seguridad y la efectividad del sistema.
Además, se destaca que el proveedor de estos dispositivos es Mario Montoto, quien tiene vínculos con autoridades políticas y gubernamentales en Argentina y es padre de la presidenta de ANSES (el BPS en Uruguay). La empresa que suministra las tobilleras ha obtenido beneficios millonarios a través de exenciones fiscales y créditos, lo que ha generado controversia en torno a su relación con el gobierno.
En resumen, las tobilleras electrónicas en Uruguay han sido objeto de debate debido a su efectividad y seguridad en casos de alto riesgo, como la violencia doméstica, y a las conexiones de su proveedor con autoridades políticas y económicas en la región.
Con información de Iván Mourelle de La Mañana
