Doble control en la frontera Entre Ríos y Uruguay: un desafío para la prevención del contrabando
En un esfuerzo conjunto para frenar el contrabando y proteger la economía local, las autoridades uruguayas han implementado un «doble control» en uno de los pasos fronterizos entre Entre Ríos y Uruguay. Tanto la Policía como la Guardia Republicana trabajan de manera coordinada las 24 horas del día, intensificando los controles para prevenir el ingreso ilegal de mercancías. Sin embargo, esta rigurosa medida no está exenta de controversias, generando molestias en la población que, diariamente, cruza la frontera para realizar compras en territorio argentino.
La situación económica en Uruguay ha llevado a que miles de personas crucen diariamente hacia Argentina a través de Entre Ríos en busca de oportunidades de compra. Este flujo constante ha tenido un impacto negativo en la economía uruguaya, contribuyendo a elevados niveles de desempleo en la región del litoral. Localidades como Salto, con casi un 14% de desocupación oficial, han experimentado una migración de población hacia Entre Ríos, exacerbando la brecha económica entre ambos países.
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Fuentes policiales subrayan la obligatoriedad de los controles y advierten que aquellos que no los cumplan podrían enfrentar detenciones por desacato. La orden proviene del Ministerio del Interior y busca respaldar al personal de Aduanas de Salto en un segundo puesto de control, ubicado en las instalaciones del cuartel de la Guardia Republicana. Este enfoque más intensivo se ha vuelto necesario debido a la creciente cantidad de personas que cruzan diariamente por el puente de Salto Grande.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha respaldado estas medidas como una respuesta necesaria para combatir el contrabando. Reconoció que si bien la población puede abastecerse legítimamente, el problema radica en la presencia de individuos que se dedican al contrabando. Esta iniciativa, propuesta por gobiernos departamentales y centros comerciales del litoral, refleja el compromiso de Uruguay en la lucha contra prácticas ilegales que afectan la estabilidad económica y el bienestar de la población local.
Con información de Ahora
