Uruguay registró en 2023 la conflictividad laboral más alta en dos décadas, con más de 1,5 millones de jornadas laborales perdidas por paros y huelgas.
El informe anual de la Universidad Católica de Uruguay (UCU) señaló que la conflictividad se ubicó en el cuarto lugar si se observan los promedios anuales desde 1995. En comparación con 2022 se observó un crecimiento de 14,4%.
Las medidas de protesta fueron protagonizadas por trabajadores de la construcción y la educación, que concentraron el 71% de los conflictos. Los trabajadores de la construcción reclamaron mejoras salariales y condiciones laborales, mientras que los trabajadores de la educación exigieron más presupuesto para el sistema educativo.
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El gobierno de Luis Lacalle Pou atribuyó la conflictividad laboral a medidas sindicales de oposición política e ideológica. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que los niveles de conflictividad estrictamente laboral han sido normales.
La UCU prevé que la conflictividad laboral se reduzca en 2024, ya que la mayor parte de los trabajadores uruguayos estarán amparados en convenios colectivos vigentes y será año electoral.
Con información de América Económica
