Tras una semana de cierta marejada, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha remitido al Comité Nacional del Transporte un primer borrador de la futura normativa para la aplicación de los principios de la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera.
Acuerdos alcanzados
La idea, siguiendo el espíritu de los acuerdos alcanzados entre los transportistas y el Gobierno, es que esta norma, que implicará modificaciones en la Ley de Contrato de Transporte Terrestre y en la LOTT, esté elaborada antes del próximo 31 de julio, aunque en todo caso, la prioridad es encontrar un texto robusto que, así mismo, estará sometido a los vaivenes que podrían darse durante su tramitación parlamentaria.
Según el Comité, el objetivo de esta regulación es «prohibir que los transportistas puedan trabajar sin cubrir sus costes de explotación, de manera que se eviten situaciones de abuso sobre la parte más débil de la cadena de suministro que son las empresas de transporte, autónomos y pymes en su mayoría».
Cuatro puntos clave
Así pues, el Comité Nacional de Transporte centra la negociación sobre esta norma, que, según su criterio, «da respuesta a una reivindicación histórica del sector del transporte», en cuatro puntos clave.
El primero de ellos es la generalización de la contratación del transporte por escrito, mientras que el segundo se centra en evitar realizar servicios bajo costes individuales. Con ello se pretende evitar cualquier problema relacionado con la libre competencia, al no referenciar los costes a ningún obsevatorio público.
El tercer aspecto de la regulación estará focalizado en establecer limitaciones en las prácticas de subcontratación del transporte, mientras que el último está relacionado con un régimen sancionador.
Quedarían fuera, en principio, la regulación de los tenders o del funcionamiento de las bolsas de carga, factores difíciles de afrontar.
Recibido este borrador, el Comité asegura que «procederá a estudiar el contenido de la propuesta del MITMA a la mayor brevedad posible, aportando con rigor todas aquellas aportaciones que consideremos necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del mercado y el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial».
