Hace apenas unos días se presentaba en la Bolsa de Madrid el informe que han elaborado KPMG, Foretica y el Instituto Español de Analistas Financieros sobre la importancia de los asuntos ESG (Environmental, Social and Governance) para las funciones de relación con inversores de las empresas españolas. Junto a otros datos relevantes, el informe señala que 58% de los consultados considera que los consejos de administración son conscientes del interés que los inversores tienen en los asuntos ESG. Sin embargo, 65% opina que la información sobre las percepciones que los inversores tienen acerca de la compañía en materia ESG llega con poca frecuencia o nunca a estos consejos. Así mismo, solo 45% opina que los consejeros están suficientemente familiarizados con estos temas, y apenas 38% afirma que los riesgos de cambio climático están ya en la agenda de los consejos de administración.
Estos son solo algunos datos de los últimos que vamos conociendo sobre la diferencia de velocidad entre la necesaria transformación sostenible y el avance real de las cosas en las corporaciones. Y es que en materia de sostenibilidad estamos siendo testigos de un fenómeno similar al que se vive desde hace años con la transformación digital: todos saben que hay que hacerlo pero son pocos los que pueden decir que su transformación ha concluido.
La sostenibilidad ha pasado en poco tiempo de ser un diferenciador voluntario a ser un requisito obligatorio para acceder a clientes, talento y financiación. Y al decir “obligatorio” no me refiero solo a la competitividad que aporta, como lo hace la transformación digital, sino a la dimensión literal de la palabra.
La Directiva de Información no financiera de 2014, que en España es ley desde el 28 de diciembre de 2018 y que está en proceso de revisión hasta el 14 de mayo de 2020, marcó un antes y un después en la forma en la que las compañías españolas integran la sostenibilidad en su gestión y en su reporte. El reciente informe publicado por la CNMV sobre los informes de gestión de las sociedades cotizadas deja en evidencia que aún queda mucho por hacer, pero el camino está iniciado, y con paso firme.
Los principales gestores de activos del mundo, con BlackRock a la cabeza, están manifestando, en ocasiones con dureza, sus exigencias a las compañías: ya no están dispuestos a invertir en organizaciones que no consideren sus riesgos no financieros, que no gestionen los asuntos de sostenibilidad o que no los reporten adecuadamente.
También las iniciativas europeas, con el Plan de financiación del crecimiento sostenible de 2018 o el European Green Deal con el que cerramos 2019, están impulsando fuertemente los cambios regulatorios y, sobre todo, las decisiones corporativas. Las organizaciones miran la futura taxonomía definitiva para la financiación sostenible o las exigencias de transparencia sobre los riesgos de cambio climático como elementos de presión que situarán a unas organizaciones en el lado de los ganadores y a otras en el de los perdedores. Y ninguna compañía quiere perder en esta competición por el futuro.
Por ello, en las últimas semanas estamos asistiendo a declaraciones corporativas valientes, con presentaciones de resultados que incluyen las revisiones necesarias para afrontar esta transformación con decisión y que vuelven a colocar a compañías de ciertos sectores en la senda del valor. El capital disponible para financiar el desarrollo sostenible es demasiado grande como para dejarlo pasar. Solo el Plan Europeo de inversiones sostenibles movilizará 1,1 billones anuales en los próximos 10 años para impulsar el Pacto Verde Europeo.
Pero esta transformación sostenible no tendrá la velocidad adecuada si los órganos de gobierno de las organizaciones no la asumen en primera persona. Bien lo sabe la CNMV, que está modificando sus recomendaciones de buen gobierno, actualizando las que ya hizo en 2015.
El pasado 14 de febrero se cumplió el plazo para hacer comentarios a las propuestas originales de la CNMV. Como ha trascendido en los medios, algunas facciones empresariales han propuesto rebajar las exigencias en ciertos puntos, como en las cuestiones relativas a la comunicación en casos de corrupción o la obligación de cumplir con un 40% de representación en el consejo del sexo menos representado y que, por qué no decirlo, por el momento es el sexo femenino en todos los casos.
Lo que pocos han discutido es que sea la comisión de auditoría la que se encargue de velar por el sistema de control de información no financiera o por la gestión de riesgos no financieros. Y para ello, como señala la CNMV, los consejeros deberán estar formados.
La transformación sostenible es, en definitiva, la siguiente transformación que habrán de afrontar las compañías que quieran mirar de frente al futuro. Los financiadores y aseguradores servirán de aceleradores en este proceso en el que, además, deberán afrontar su propia transformación. El cambio climático, la economía circular, la biodiversidad, la reputación, la igualdad de género, la ética o los derechos humanos serán materias a considerar en cada decisión de inversión o de aseguramiento. El impacto de no hacerlo sería demasiado alto. La única pregunta ahora es ¿a qué velocidad queremos lograr esa transformación sostenible?
