El Gobierno ha promulgado la Ley de Insolvencia con el objetivo de aliviar la carga financiera de las personas y pequeñas empresas que se encuentran sobreendeudadas. Esta nueva normativa, que entrará en vigor en los próximos tres meses, introduce procedimientos simplificados, rápidos y económicos para aquellos que luchan por mantener su solvencia.
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La Ley de Insolvencia, aprobada en enero y promulgada por el Presidente Gabriel Boric, se basa en cuatro pilares fundamentales para mitigar las pérdidas sociales y económicas. Estos pilares incluyen la creación de procedimientos simplificados para individuos y pequeñas empresas, la promoción de la reintegración de los deudores al sistema crediticio, la mejora de las tasas de recuperación de créditos y la fomentación de la reestructuración de pasivos.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó la importancia de esta ley, especialmente para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas. Se establecerán procedimientos simplificados especiales para este grupo, que serán rápidos y de bajo costo. Esto fomentará la reorganización en lugar de la liquidación, lo que incentivará la recuperación de créditos, preservará empleos y evitará la interrupción de las cadenas de suministro.
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La nueva ley también permitirá a las personas naturales que emiten boletas de honorarios y se enfrentan a sobreendeudamiento acceder a la renegociación gratuita de sus deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR). Esta medida incluye a personas que antes no podían acceder a este proceso debido a que eran consideradas empresas.
Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, afirmó que esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la ley actual, permitiendo un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, flexibles, menos burocráticos y más económicos. Esto les brindará una segunda oportunidad en sus actividades económicas.
Además, la ley incluye mejoras destinadas a reducir la redundancia en los procedimientos legales y facilita el uso de la tecnología, permitiendo, por ejemplo, la realización de juntas de acreedores de forma remota. La ley entrará en vigencia el 10 de agosto de 2023, brindando una esperanza a las personas y pequeñas empresas que enfrentan dificultades financieras.
