Se trata de la propiedad industrial y el derecho de autor
En una era digital en donde las redes sociales están cada vez más posicionadas y el e-commerce toma más fuerza, la propiedad intelectual de las empresas se ve más vulnerable por la falta de protección de contenido.
“Las marcas y compañías corren muchos riesgos en materia de propiedad intelectual, ya que hay dificultades de proteger el contenido que producen para que terceros no se lo roben y pierdan control de canales de venta y distribución, pues en Costa Rica no está prohibido que terceros vendan productos sin ser distribuidores oficiales”, señalan especialistas en Propiedad Intelectual de Nassar Abogados.
Y es que por lo general en redes sociales y sitios de venta en línea es muy usual que personas que no fueron los creadores de una idea, negocio o de un producto, aprovechen el auge que este tiene para obtener ganancias.
Es por eso, que los expertos recomiendan que el dueño de la compañía se presente ante el Registro Nacional y registre todo lo que desee documentar como propio, para que así se obtenga una acreditación pública que lo respalde como titular.
Ya que, ante un mal manejo del producto o servicio la imagen se puede ver dañada a través de publicaciones en redes sociales y puede desencadenar una crisis de opinión pública.
Actualmente, la propiedad intelectual de las empresas se divide en dos:
- Propiedad industrial que abarca las marcas, diseños industriales, patentes, entre otros
- Derecho de autor donde se regulan obras literarias, películas, música, obras artísticas, entre otras
¿Cómo funciona en Costa Rica la legislación en temas de propiedad intelectual?
Esto va a depender del tipo de Derecho, pero lo habitual es que la legislación proteja de forma defensiva, es decir, con la inscripción en el Registro Nacional, por ende, la ley permite al titular obligar a un tercero a que deje de utilizar su propiedad intelectual, según los especialistas.
Por otro lado, si se comprueba civilmente que la persona hizo uso de una propiedad intelectual ajena, debe pagar el daño causado.
Si se trata de un producto, por lo general se estima con base en el valor de este multiplicado por la cantidad de reproducciones falsas. Si es un servicio, se puede bloquear la información o el contenido en redes sociales.
