Los influencers asisten al final de sus días de gloria. Tras años bailando en el limbo del vacío legal, países como España, Italia o Francia empiezan a endurecer sus normativas para atar en corto a los influencers.
En España, la ley empezaba a tomar forma el pasado año, cuando el Ministerio de Economía y Transformación Digital elaboró un proyecto de real decreto con el objetivo de imponer nuevas obligaciones a influencers con ingresos superiores a 500.000 euros anuales y con más de dos millones de seguidores en, al menos, una plataforma.
Sin embargo, parece no ser suficiente. UTECA (asociación que agrupa la mayoría de televisiones comerciales que emiten y operan en España) ha emitido un comunicado con alegaciones a este proyecto de real decreto, ya que consideran que estas medidas son poco restrictivas y piden un mayor control.
Agencias especializadas en marketing de influencers estiman que solo un 0,82% de influencers en Instagram y un 2% de los de Tik Tok alcanzan las cifras inicialmente fijadas por el Gobierno.
Rebajar el umbral a 100.000 seguidores y una facturación anual de 100.000 euros
UTECA considera imprescindible que el Gobierno rebaje los umbrales de seguidores y facturación anual necesarios para que un influencer sea categorizado como Usuario de Especial Relevancia (UER) en las plataformas de redes sociales. Una calificación que obligará al cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual en materia de contenidos, publicidad y protección al menor, con la posibilidad de afrontar sanciones de hasta 1,5 millones de euros en los casos más graves de incumplimiento.
La asociación propone que todos aquellos con al menos 100.000 seguidores en el conjunto de las plataformas y con un mínimo de 100.000 euros de facturación anual, tanto en metálico como en especie, puedan considerarse Usuarios de Especial Relevancia (UER) y, por tanto, estén obligados al cumplimiento de la ley.
Según UTECA, de mantenerse unos umbrales tan elevados, el grueso de los influencers quedará exento del cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual que, entre otras cuestiones, prohíbe y sanciona la difusión de contenidos de odio y violencia. Además de la difusión de publicidad perjudicial y no señalizada.
La CNMC, también en desacuerdo con el umbral actual
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) se han manifestado en términos similares. En su informe sobre el Proyecto de Real Decreto, la CNMC estima que «tanto el umbral económico como el de seguidores son demasiado altos y se corre el riesgo de dejar fuera del ámbito regulatorio a aquellos agentes que tienen una incidencia considerable en los consumidores, y especialmente en los menores».
La CNMC pone de relieve, además, que «con un umbral tan alto, parece no ser alcanzable el objetivo que se persigue, que no es otro que los UER se encuentren sometidos a una regulación mínima y esencial para proteger al espectador y al menor de contenidos inadecuados«.
Igualdad ante la ley
UTECA también solicita que cuando los operadores de televisión adquieran ese rol de «influencer», subiendo contenidos extraídos de sus programas para compartir en redes sociales, tengan mismas obligaciones y en ningún caso superiores, que los UER afectados por el real decreto.
