El pacto antiinflacionario que negocia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios incluye una reducción en los márgenes de ganancia de los productos que se venden al consumidor final, en un porcentaje que va de 5% a 20%.
Las grandes empresas de alimentos y bebidas, como Bimbo, Gruma, Lala, Sigma, Bachoco, Pepsico y Coca-Cola, y las cadenas de autoservicio y conveniencia, como Walmart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, HEB y FEMSA (propietaria de Oxxo), se verán afectadas por el acuerdo, pues tendrán que asumir una mayor parte del aumento de costos para no trasladarlo a los consumidores finales.
Los productores y distribuidores acuerdan los precios de venta al consumidor, donde ambos obtienen su utilidad; es decir que, tras el pacto con el gobierno, tendrán que recortar sus márgenes de ganancia y eso impactará también sus resultados financieros.
El problema es que la mayoría de estas empresas son públicas y rinden cuentas a inversionistas que poseen acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa Institucional de Valores y algunas también en Nueva York. Será interesante ver cómo explican a los grandes fondos y al resto de sus tenedores el acuerdo con el gobierno para absorber aumentos de costos.
La semana pasada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, reconoció que la iniciativa privada está analizando el plan antiinflacionario del Presidente, en el que se contempla que 24 productos, de los 48 de la canasta básica, se puedan adquirir a un mismo precio en todo el país, además de impulsar la producción de alimentos.
No es el primer intento de AMLO para intentar contener la inflación, pero sí el más decidido, luego de más de un año de que el Índice de Precios al Consumidor ha estado fuera del rango objetivo del Banco de México, de un máximo de 4%.
En octubre pasado, López Obrador se reunió con los empresarios de su Consejo Asesor, a quienes entregó un texto con información económica general, pero con énfasis en el tema de la inflación y los salarios.
Sobre el salario mínimo, que en esos días se negociaba el aumento para 2022, pidió que “lo apoyaran”, de manera que se permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y entonces se anunció un alza de 22%, el cuarto incremento en lo que va de la administración, con lo que habrá subido ya 82%.
Sobre el tema de los precios, AMLO pidió a los empresarios “tener conciencia” y que no aumenten “más de lo que deberían”, apelando a su política de ganancias justas.
Los multimillonarios explicaron que buena parte de la inflación es importada y obedece al incremento de precios a nivel internacional; en algunos, incluso, no estaban transfiriendo esos aumentos a los precios finales. Entre los asistentes estaban Carlos Slim (América Móvil, Grupo Carso, Sanborns), Germán Larrea (Grupo México, Ferromex, Cinemex), Alberto Baillères (Grupo BAL, Palacio de Hierro, GNP), Bernardo Gómez (Grupo Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Ángeles, Grupo Imagen), Ricardo Salinas (Banco Azteca, Elektra, TV Azteca), Carlos Hank González (Banorte, Hermes, Gruma), Daniel Chávez (Vidanta), Miguel Rincón (Biopappel) y Sergio Gutiérrez (DeAcero).
Como el Presidente no vio respuesta rápida, semanas después inauguró el ‘Quién es quién en los precios’ de la canasta básica, al comparar los supermercados con las centrales de abasto. Esta información, junto con la que le pusieron sobre la mesa algunos colaboradores, de llevar a cabo un control de precios, como ya sucede con el gas LP, terminó por decantar a AMLO hacia un pacto con los empresarios, por las buenas, para que reduzcan sus ganancias.
