Incógnita sobre la prórroga de contratos telefónicos: un enigma que requiere solución
A medida que el plazo se reduce y las fechas de vencimiento se aproximan, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador (Asetel) aguarda con anticipación y expectativa la extensión de los contratos con las compañías telefónicas. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que, a pesar de que se ha anunciado la intención de prolongar dichos acuerdos, los términos concretos de esta prórroga aún son desconocidos. En apenas trece días, la concesión estatal al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), operador de la marca Claro en Ecuador, llegará a su fin para la provisión de servicios de telefonía móvil.
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Patricia Falconi, directora de Asetel, señala que aunque existe una disposición de extender el plazo, los detalles específicos de esta medida aún son inciertos. La asociación espera que esta extensión sea lo suficientemente amplia como para asegurar una renovación adecuada y planificada, considerando diversos escenarios posibles. Hasta el momento, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ha suspendido, por 120 días, la renegociación de contratos con Conecel y Otecel, subsidiaria de Telefónica en Ecuador, que opera bajo las marcas Movistar y Tuenti. No obstante, el Gobierno aún no ha proporcionado claridad sobre la continuidad de las negociaciones ni sobre la duración exacta de la prórroga de los contratos actuales.
La suspensión de las negociaciones se originó debido a la falta de valoración del espectro radioeléctrico, una tarea compartida entre la Arcotel y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Adicionalmente, varios trámites pendientes con entidades estatales han contribuido a la incertidumbre. Falconi enfatiza la importancia de que la ampliación del plazo venga acompañada de un cronograma de trabajo que brinde confianza sobre el progreso y la continuidad del proceso. En respuesta a la consulta de la Arcotel sobre la posibilidad de extender los contratos actuales, la Procuraduría afirmó en julio de 2023 que la Arcotel tiene la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios y los derechos de los usuarios. Con la cuenta regresiva en marcha, la industria de las telecomunicaciones aguarda con ansias respuestas que aclaren el futuro de estos acuerdos y de los servicios que dependen de ellos.
Con información de Primicias
