¿Reforma laboral; en jaque pequeñas y medianas empresas? la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destapó este lunes el texto de la reforma laboral, en el que –en 37 páginas y 77 artículos– planteó un revolcón al mercado y que, entre otras cosas, toca los contratos a término indefinido y la jornada para los empleados en el país. Informa El Colombiano
En el documento se incluyen otras propuestas relativas al pago de dominicales y festivos; a la fijación de las jornadas diurna y nocturna; a la regulación de la tercerización laboral, a la contratación a término indefinido como mecanismo general y a la regulación de las plataformas digitales, siendo este último un tema que desde hace años es motivo de controversia en el país (ver módulos).
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Un cruce inevitable
El debate está abierto, porque, según Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), si la reforma laboral pasa tal como está, podría aumentar el costo de contratación en cerca de 35%.
En ese sentido, el líder gremial comentó que “la ministra está en la mejor actitud de concertación, los gremios lo estamos también, pero creemos que la Comisión de Concertación Laboral va a tener un trabajo muy importante, porque en este momento son más los puntos que nos separan y en los que discrepamos los gremios, que los que nos unen hacia un acuerdo para que vaya una reforma consensuada al Congreso”.
Lo cierto es que la Ministra de Trabajo tiene un opinión completamente distinta y en una entrevista con Semana dijo que se le debe pagar lo justo a un trabajador que labore los fines de semana, en las noches o en horarios extra.
“Por ejemplo, hoy la hora de un trabajador en Colombia con salario mínimo se paga a menos de un dólar, es decir, menos de $4.800. Y el recargo nocturno por cada hora es el 35%, que ascendería a $1.690. ¿Usted cree que un empresario se va a empobrecer por reconocerle este valor a un empleado o empleada?”, afirmó la funcionario en ese diálogo.
Al respecto, un pequeño empresario replicó que “tal vez la ministra habla pensando en las grandes empresas, que por cierto constituyen menos del 1% del tejido empresarial en Colombia. Más del 80% del empleo formal lo generamos los micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que ya de por sí venimos muy golpeadas con el alto precio del dólar y un salario mínimo que subió 16% para este 2023”.
“Sinceramente –añadió– tengo esperanza en que se puedan alcanzar algunos acuerdos en la mesa de concertación, porque las pequeñas empresas no tenemos una caja tan flexible como las grandes y a eso que sumarle que muchos todavía estamos endeudados porque hicimos esfuerzos gigantes para mantener toda la nómina de colaboradores en pandemia”.
Este empleador hizo notar que este año la economía del país mermará el paso y habrá menos gasto por parte de las familias. Por ello, afirmó que incrementar el costo de la contratación tendrá un efecto contrario al que busca el gobierno: “Así va a ser muy difícil que merme la tasa de desempleo y yo creo que se va a incentivar mucho más la contratación informal en el país”.
Sin embargo, la ministra de Trabajo ha promulgado desde su posesión en el cargo que la idea únicamente consiste en combatir la “precarización laboral” y recientemente dijo que la política de reindustrialización anunciada por el gobierno busca recuperar la formalidad y los índices de empleo.
Las dos caras de la moneda
Raúl Ávila, docente de economía de la Universidad Nacional, recordó que la reforma laboral fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, pero señaló que la propuesta “tiene unas implicaciones”.
“Hay que recordar que esta reforma recae, principalmente, sobre el trabajador formalizado. Y ahorita teniendo una tasa de informalidad cercana al 60%, pues la reforma se ve muy bien pero para el empleo formal”, expuso el docente.
Agregó que esa reivindicación de los derechos laborales les cae como anillo al dedo a los más de 22 millones de trabajadores formales registrados en el país, “pero por el lado de las mipymes, esto implica una carga adicional en los costos, costos que ya están estructurados y que con la reforma laboral tomarán más fuerza”.
“Esta reforma —dijo— debe buscar un equilibrio entre el empleado y el empleador. Esa reforma también tiene que traer muchas políticas que puedan potenciar y apalancar muy rápidamente la contratación de calidad”. A juicio del profesor, esas políticas para encontrar incentivos al empleo son las que no aparecen en las 37 páginas que explican la propuesta del gobierno.
Rafael Felipe Gómez, experto de la firma Deraíz Abogados, anotó que, desde su experiencia como asesores durante de empresas durante más de 10 años, la reforma sí puede desincentivar la contratación formal.
“No poder tercerizar cumpliendo las normas vigentes, el incremento de los costos fijos, la eliminación del despido indemnizado sin justa causa, las huelgas parciales y las horas extras de los sábados, acentúa la dificultad para hacer empresa”, enfatizó. Así mismo, manifestó que es contraproducente la limitación del contrato por prestación de servicios.
En medio de la discusión, se prevé que el texto sea radicado ante el Congreso el próximo 16 de marzo, para que inicie la discusión y se defina la suerte de esta iniciativa
“El articulado y las declaraciones en medios de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, muestran una reforma más profunda de lo que se había anunciado (…) El proyecto de reforma trae una profundización en lo que tiene que ver en la relación entre empleado y empresas, las causales de despido, el impedimento a la tercerización e igualmente trae una carga muy grande de sindicalizar el sector privado colombiano”, comentó el presidente de Fenalco.
La reforma plantea que una plataforma digital de trabajo será en la que una persona ofrezca un servicio por medios electrónicos y la plataforma contratante deberá verificar que los trabajadores estén afiliados a la seguridad social. De no hacerlo y al no contar el trabajador con esto, las plataformas deberán asumir directamente el pago del 100% de los aportes como si fuesen empleadores.
También se menciona en el documento que: las personas de otras nacionalidades tendrán las mismas garantías laborales; los trabajadores domésticos deben vincularse con contrato escrito, la licencia de paternidad aumentará hasta las 12 semanas en 2025; los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo tendrán un incremento igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC) total anual; y las empresas deben reconocer a los sindicatos como representantes de los trabajadores.
