La llegada de la vacuna ha aumentado las proyecciones sobre el final de la pandemia, pero también trajo consigo la controversia respecto a sus riesgos y, sobre todo, un complejo debate respecto a su obligatoriedad en el ámbito laboral. A nivel global, no existe una respuesta categórica respecto a este punto.
En España, por ejemplo, que un empleador exija a sus colaboradores la inmunización es un tema bastante delicado y discutible, pues si bien la empresa puede facilitar el acceso a la inoculación, esta, al ser voluntaria, no debiese ser un requisito.
Ahora bien, puede ocurrir que al momento de contratar a una persona, exista una mayor inclinación de otorgar los puestos de trabajo a quienes sí cuenten con la vacuna. Tema que también se ha discutido en Uruguay, donde se determinó que es posible considerar la necesidad de la inmunización en aquellos sectores que poseen altas probabilidades de contagio, como en el área de la salud.
Esto, mientras que el gobierno de Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, decidió apoyar la propuesta de un grupo de empresarios de importar, por cuenta propia y no a través del sistema público, 33 millones de dosis de la fórmula desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, para distribuirlas entre sus trabajadores.
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