En 2020 entró en vigencia la nueva Ley de Fraudes con tarjetas y por medios electrónicos. La legislación obliga a los bancos a devolver el dinero supuestamente defraudado a los clientes en un máximo de cinco días, hasta un tope de 35 UF, mientras se realiza la investigación.
El problema es que un punto de la ley que busca proteger al cliente bancario ante vulneraciones que no son su responsabilidad, podría generar un incentivo perverso para cometer autofraude. Esto ha sido advertido por la banca desde que se discutió la ley en el Congreso.
“Incentiva a que haya un autofraude y desincentiva a que seamos un país digital. Esto en ninguna parte se da (…) Nos preocupa el espacio donde existen malos incentivos. Pensamos que en algún minuto esto debe volver a ser como es en el mundo moderno, donde hay responsabilidades compartidas entre el emisor y el cliente”, aseguró José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), el pasado martes en entrevista con este medio.
Banco Santander cree que cinco clientes cometió autofraudes con sus tarjetas. Hace unos días, la entidad presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Concepción. “Entre los días 30 de diciembre de 2020 y 5 de enero de 2021, se recibieron reclamos de cinco clientes a través de la casilla de atención telefónica VOX de Banco Santander, denunciando la supuesta existencia de fraudes que les afectaron”, señala el texto.
Todos los casos tratan de la supuesta utilización indebida de las tarjetas de débito del banco. Según acreditó la entidad, las transacciones se realizaron con la tecnología chip y no con la banda magnética.
“Todas las tarjetas involucradas cuentan con tecnología chip, lo que está diseñado para impedir su clonación”, dice el escrito. Los abogados incluso creen que existe conexión entre los cinco casos y que existe un modus operandi común entre ellos.
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