Durante 2020 y 2021 las isapres mantuvieron congelados los precios de sus planes de salud, debido a la crisis sanitaria por Covid-19 que atravesaba el país. Esta situación, junto al explosivo aumento de licencias médicas emitidas y las mayores atenciones de salud, derivaron en un aumento histórico de sus pérdidas ($222 mil millones en los últimos 3 semestres). En marzo de este año, la Superintendencia de Salud retomó el proceso de reajuste de precios en los planes de las aseguradoras, fijando un tope máximo de 7,6% cuyo proceso fue dejado sin efecto en virtud del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Las isapres
Con este escenario, durante septiembre, las isapres comenzaron nuevamente el proceso de notificación de nuevas alzas considerando los criterios del regulador y el último fallo de la Corte Suprema, donde las obliga a justificar adecuadamente el aumento en los precios. En tanto, la Asociación de Isapres estimó en $94 mil millones de pesos las pérdidas que generarán las próximas adecuaciones, lo que se sumaría a los costos que ha implicado este proceso para las aseguradoras por $3.000 millones aproximadamente, sin considerar los ingresos que no han percibido en los últimos dos años, los cuales alcanzan alrededor de $10.000 millones
“La judicialización ha impactado fuertemente a las isapres. Este es un tema que se viene arrastrando desde hace varios años y que se ha agravado aún más con la pandemia y el congelamiento de las alzas en los planes de los años 2020 y 2021”, asegura Varas. Agrega que “no ocurrió lo mismo con los costos generales de la salud, los cuales aumentaron considerablemente, y fue justamente eso lo que habría impactado en los precios que desembolsan las aseguradoras para cubrir los gastos de quienes hacen uso de su plan”.
Convenios
Según la Asociación de Clínicas de Chile, las isapres adeudan más de $456 millones por prestaciones a afiliados que aún no han sido cubiertas por las aseguradoras, y al menos 10 clínicas a lo largo del país han suspendido sus convenios, incluyendo Clínica Alemana con Consalud y Nueva Más Vida, y Clínica Dávila con Cruz Blanca.
“Al igual que cualquier otra empresa, cuando las isapres ven afectados sus ingresos, ello puede influir a toda la cadena de pagos tanto a los prestadores de salud como a los afiliados”, asegura Edmundo. Agrega que “se ve complejo el panorama. El fin de los convenios lleva a que los chilenos adheridos a este sistema tengan que pagar sus prestaciones para luego solicitar el reembolso, lo cual puede demorar varios días y finalmente perjudica los recursos de los usuarios”.
Según el experto, es posible que algunas personas no tengan suficientes recursos para realizar el pago y luego pedir el reembolso, por lo que muchas tendrían que salirse del sistema y pasar a Fonasa y, en ese escenario, “no sabemos si Fonasa podrá recibir adecuadamente a los usuarios que migren y darles una atención apropiada a través de los prestadores públicos”, agrega.
A la fecha, las entidades de salud privada ya comunicaron el alza en los valores de sus planes a sus afiliados, los cuales corresponden a los siguientes aumentos porcentuales que ya fueron verificados por el regulador: Vida Tres: 1,4%; Cruz Blanca: 4,3%; Banmédica: 5,6%; Colmena: 6,6%; Nueva MasVida: 7,6% y Consalud: 7,6%.
Quienes no estén de acuerdo con el reajuste tienen tres opciones: cambiar su plan de salud, desafiliarse de la isapre o bien, oponerse al alza con plazo máximo hasta el 5 de octubre. Respecto a este último punto, Varas advierte que “es importante tener presente que quienes busquen judicializar el aumento del precio de su plan deberán explicar por qué lo expresado por la aseguradora no se encuentra debidamente justificado, lo que podría ser más complejo que en ocasiones anteriores”.
