La matriz mexicana Oxxo respondió al TDLC las acusaciones de la Fiscalía, quien solicitó una multa por US $6,4 millones por presunta entrega de información falsa en el marco de la fusión con Ok Market.
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La Cadena Comercial Andina (CCA) -el operador de Oxxo en Chile- no se guardó ningún argumento en contra del requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), quien lo acusó en enero de proporcionar información falsa durante su fusión con Ok Market y solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una sanción por US $6,4 millones.
Oxxo tras acusaciones de la FNE
La defensa, compuesta por cuatro abogados multidisciplinarios: Jorge Delpiano, Eduardo Cordero, Sergio Yavar y Juan José García, explicaron que la solicitud es «inepta, ininteligible, vaga, imprecisa, oscura y deja a CCA en la más completa indefensión». El problema, a juicio del grupo de profesionales, es que Oxxo estuvo sometida a dos estándares completamente distintos de revisión de sus antecedentes, hecho que es «inaceptable» desde el punto de vista del debido proceso y pidieron con urgencia una revisión de caso con miras a la igualdad de armas con la Fiscalía.
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De hecho, solicitaron una excepción dilatoria por «ineptitud» y falta de requisito legal en el modo de proponer la demanda, con costas.
Condiciones desventajosas
El caso partió el 5 de julio de 2022 con las sospechas de la FNE durante la primera revisión del estado de avance de las condiciones establecidas en la fusión. Allí, se obligó a Oxxo a desinvertir en 16 tiendas y renunciar a 56 contratos de exclusividad, el cual tenía como objetivo restringir a los dueños de los centros comerciales, strip centers, edificios corporativos y habitacionales, de dar en arriendo a otros actores del segmento en el mismo recinto.
En esa oportunidad, la FNE le explicó al Tribunal que habían algunos informes que no fueron entregados, los cuales contenían antecedentes que permitían determinar de manera expedita el mercado relevante geográfico de los locales de las partes, comprender las segmentaciones de los clientes de Oxxo Chile y dimensionar el ticket de compra promedio de los consumidores finales. Entre los escritos, se pidió aquellos que trataran el potencial crecimiento o expansión a nuevos productos o áreas geográficas de la marca.
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Según Oxxo, en ninguna parte del requerimiento se precisa «clara» e «indubitadamente» cuales serían en concreto los contratos de arrendamientos de ambas cadenas de conveniencia cuyas cláusulas de exclusividad no habrían sido renunciadas oportunamente. «H. Tribunal, una exigencia mínima a la luz de la garantía constitucional del debido proceso y del derecho a defensa de CCA, es que la FNE, a la hora de exponer los hechos en que fundó su requerimiento, así como también al momento de efectuar la petición contenida en el numeral de su petitorio, hubiese señalado clara e indubitadamente, cuales serían los 11 contratos de arrendamiento de Oxxo Chile y los 6 de Ok Market que, con posterioridad al 11 de abril de 2022″, expresó.
A ojos de los mexicanos, esta «ineptitud», como calificaron en su escrito de 14 páginas, impedirá que durante el conflicto jurídico Oxxo pueda defenderse respecto a cada uno de los 17 contratos de arrendamiento. Esto se debe a que los representantes acusaron que la FNE utilizó «estándares diversos» a la hora de detallar los hechos que fundan su requerimiento. Elemento que a su parecer contraviene el principio de confianza legítima de las empresas y que, por lo mismo, urge y hace «imprescindible» la intervención del TDLC para garantizar el desarrollo de un debido proceso válido.
A lo anterior, se suma que la Fiscalía acusó a Oxxo de existían a lo menos 60 documentos adicionales que no fueron acompañados, correspondientes a estudios de ‘origen-destino’ y ‘evaluaciones de apertura’, los cuales fueron detallados en notas al pie de página en su demanda. Esto dio pie para que los mexicanos nuevamente tacharan de «inconsistencia» en el proceder de la FNE. «Es evidente y arbitraria puesto que, en el mismo requerimiento que en este acto se arguye como inepto, para una infracción la FNE adoptó la decisión de no precisar la documentación que cuestiona, mientras que, para la otra infracción, lo hace claramente».
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Aún así, en el requerimiento la Fiscalía aclaró que si bien los documentos solicitados probablemente no habría hecho variar la aprobación de la operación, “sí impidió estudiar oportunamente información competitiva clave para su análisis de riesgos”. Esa obstaculización molestó al organismo, que sostuvo que “afectó de forma relevante a la eficacia y eficiencia de la investigación, impidiendo enfocarla de forma más precisa desde sus inicios, debiendo este servicio destinar mayores recursos, desplegar a sus funcionarios en terreno y efectuar gestiones adicionales”.
El TDLC aún no se pronuncia respecto a la respuesta de CCA.
