En Brasil, el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan para gravar los fondos de inversión cerrados, con el objetivo de recaudar impuestos de los superricos del país. La Medida Provisional (MP) 1.184, presentada al Congreso Nacional el 28 de agosto, marca el sexto intento del gobierno en esta dirección en la última década. Esta iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de reformas fiscales que el gobierno brasileño está persiguiendo, incluyendo reformas relacionadas con el consumo y la inversión extranjera, así como la posibilidad de gravar los dividendos.
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Los fondos de inversión cerrados son ampliamente utilizados por las familias más adineradas en Brasil para gestionar sus activos, permitiéndoles optimizar su carga fiscal. La MP 1.184 se ha ganado el apodo de «MP de los superricos» debido a su objetivo de gravar a este grupo. Según el gobierno, los fondos multimercado y de renta fija en forma de condominios cerrados representan un patrimonio total de $109,000 millones, distribuidos entre más de 16,000 accionistas individuales, con un patrimonio promedio de casi $6.7 millones por accionista. Hasta ahora, estos fondos solo pagaban impuestos sobre la renta cuando se producía una amortización de acciones que resultaba en ganancias.
Sin embargo, la propuesta actual busca recaudar impuestos a través de un sistema conocido como «come-cuotas», que calcula los ingresos dos veces al año y aplica una tasa del 15 % para fondos a largo plazo. Aquellos que opten por pagar por adelantado este año sobre el stock actual de cuotas podrán hacerlo a un 10 % de descuento.
A pesar de que ningún gobierno brasileño ha logrado hasta ahora aprobar la tributación de los fondos cerrados, la administración actual liderada por Lula da Silva está decidida a enfrentar el desafiante déficit fiscal del país, que ha persistido durante la última década. Esta ambiciosa agenda fiscal ha llevado a una reorganización ministerial y un reajuste político, lo que refleja la determinación del gobierno para avanzar en sus reformas fiscales.
Además de la tributación de los fondos cerrados, el gobierno también ha propuesto gravar los fondos extraterritoriales, lo que ha generado preocupación en el sector empresarial. La propuesta podría aumentar los costos de capital para las empresas y afectar la competitividad de los fondos de inversión en derechos de crédito (FIDC), que son una fuente importante de financiamiento para las empresas brasileñas. La medida también ha generado preocupaciones sobre la complejidad de la regulación y las implicaciones legales, lo que podría resultar en litigios en el futuro. A pesar de las críticas y desafíos, el gobierno brasileño está decidido a avanzar en su agenda fiscal en busca de soluciones para sus problemas financieros.
Con información de César de Lima y Silva de Lexlatin
