Según publica el portal Dfsud.com sistema de pensiones de Bolivia pasa a manos estatales. En Bolivia, desde este martes y tras un proceso que duró 13 años, el manejo de las pensiones pasó a manos del Estado, bajo la administración de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, poniendo fin a 26 años de control por parte de las AFP que pertenecían a capitales extranjeros.
La transición implica el movimiento de cerca de US$ 24.000 millones, procedente de alrededor de 2,5 millones de afiliados.
Si bien esta medida se conocía, tras ser incluida en la Constitución que fue aprobada en 2009, durante el Gobierno de Evo Morales se aprobó la nacionalización de la administración de los fondos.
Para lograr esto se creó la Gestora Pública como entidad pública, para hacerse cargo de administrar los fondos que estaban, hasta entonces, a cargo de dos privados: AFP Previsión (del grupo BBVA) y AFP Futuro (del grupo Zúrich).
Sistema de pensiones de Bolivia pasa a manos estatales
Si bien debió haber iniciado su operación en 2012, “hubo demoras, negociados, controversias con las AFP. De este modo, recién este mes de mayo de 2023, empezó a operar recibiendo los aportes de empresas y trabajadores, y pagando las rentas”, explicó a DFSUD.com el analista internacional, Francesco Zaratti.
El experto recordó que los fondos administrados por las AFP están invertidos en títulos financieros públicos y privados, aunque “menos del 30% en títulos del Estado”.
Añadió que “su rendimiento ha ido menguando en los últimos años. Las inversiones, exclusivamente en el mercado interno por ley, han ayudado a sostener la economía boliviana, pero han creado una creciente ‘deuda interna’. Algunas señales actuales proveniente del sector bancario, han sido interpretadas como señales de alarma por las inversiones elevadas de las AFP en ese sector”.
Por su parte, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinoza, señaló a DFSUD.com que la implementación de este nuevo sistema -que es híbrido porque se respetan las cuentas individuales de los ahorristas y no va a un fondo en común- también fue alentado por la nueva ley de pensiones y seguros de 2011.
“Se ha tenido que acelerar estos dos últimos años luego de una pérdida de laudo arbitral que fue iniciado por una de las AFP, a partir de una demora excesiva en su implementación”, indicó.
