Según publica el portal La Razón registran denuncias por especulación por dólares en Bolivia. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que su despacho recibió al menos seis denuncias de diferentes ciudades del país por especulación en la venta de dólares.
Aseguró que las denuncias serán remitidas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) para el inicio de procesos penales.
“Tenemos dos denuncias de Sucre, una de Tarija, otra de Oruro y dos de acá de La Paz sobre este tipo de actividades ilícitas”, informó el funcionario a La Razón.
Registran denuncias por especulación por dólares en Bolivia
Indicó que la mayoría de las personas denunciadas vendía esa divisa por encima de los Bs 7 por cada dólar, en comisión del delito de ganancias ilícitas.
“Aquellas personas que generen ganancias ilícitas y venden un producto, un bien, como es el dólar, más allá por encima del precio oficial que es 6,96 es una ganancia ilícita”, afirmó.
Tras el acuerdo del 8 de febrero entre el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión, para la compra de dólares a los exportadores privados del país a un tipo de cambio “competitivo” de Bs 6,95 por cada dólar, se generó una inusual demanda de dólares en el mercado interno.
Eso motivó a algunas casas de cambio y librecambistas la compra y venta de dólares en La Paz hasta la desaparición de la divisa. También en algunas entidades financieras se informó que no tenían a disposición la moneda.
Ante ello, el BCB determinó, a partir del lunes 6 de marzo, vender dólares de manera directa a la población al tipo de cambio oficial de Bs 6,96.
Sanciones
El 26 de febrero, el director de la Asfi, Reynaldo Yujra, advirtió con procesos penales a aquellas personas que difundan información falsa sobre una presunta escasez de dólares.
El artículo 491 de la Ley 393, de Servicios Financieros, señala que las personas que difundan o estén induciendo a difundir información falsa que afecte a la estabilidad del sistema financiero o de una entidad en particular, generando retiros masivos, son pasibles a sanciones penales de entre cinco y 10 años de cárcel.
