Bolivia pierde 13 laudos en La Haya, suma pagos $1.000 millones
En un golpe financiero que sacude a Bolivia, la nación ha perdido un alarmante total de trece laudos arbitrales ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Estos fallos se derivan del denominado proceso de nacionalización, un capítulo que ha dejado profundas secuelas económicas y ha repercutido en las inversiones de las empresas privadas en el país andino.
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La noticia más reciente de este desafío legal llega con una sentencia a favor de la empresa suiza Glencore Finance, imponiendo a Bolivia la obligación de pagar $us 253.5 millones por la nacionalización del complejo metalúrgico Vinto y la mina Colquiri. Este último fallo se suma a un costo total cercano a los $us 1.000 millones, según un informe de la Procuraduría General del Estado, a solicitud de la bancada opositora Comunidad Ciudadana.
Sin embargo, los estragos de la nacionalización van más allá de las cifras, según los economistas Jaime Dunn y Gonzalo Chávez. La inversión extranjera directa se ha visto afectada drásticamente, convirtiendo a Bolivia en el único país latinoamericano, en 2022, con inversión extranjera negativa. Dunn señala que la salida de más de $us 980 millones, especialmente del sector de hidrocarburos, ha contribuido a la crisis económica.
Además, se anticipan más disputas legales en el horizonte, incluyendo casos relacionados con las ex administradoras de fondos de pensiones que pasaron a manos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Gonzalo Chávez advierte que la agenda política precipitada está generando daños irreparables en las empresas bolivianas y que el Estado está desplazando a las empresas locales con la creación de numerosas empresas públicas financiadas con $us 3.600 millones, lo que podría poner en jaque al sector privado.
Mientras Bolivia se enfrenta a la complejidad de estos laudos arbitrales, el procurador del Estado, César Siles, está considerando las próximas acciones para defender los intereses del país. Sin embargo, el abogado constitucionalista Ciro Áñez destaca que el incumplimiento de los laudos puede llevar a responsabilidad internacional y, en última instancia, a la ejecución de los pagos en cuentas bancarias internacionales. Esto plantea la cuestión de quién finalmente pagará por los errores de la administración estatal, un tema que podría llevar a futuras acciones legales.
Con información de El Deber
