Políticas de seguridad para Venezuela, Venezuela presenta la tasa de deforestación de más rápido crecimiento entre los países de la cuenca amazónica, y, como pasa con muchos de sus vecinos, uno de los principales motores de destrucción es la minería ilegal. Pero combatir esa forma de minería se complica por el hecho de que los mineros y los grupos armados que controlan ese sector son muchas veces aliados comerciales de elementos corruptos del Estado venezolano.
*Este análisis hace parte de una serie en tres entregas producida por el Observatorio de Crimen Organizado de Venezuela de InSight Crime, el cual analiza las oportunidades de intervención en política en áreas en las que la delincuencia organizada se interseca con las actuales crisis social y política en Venezuela. La primera parte sobre crimen organizado y crisis migratoria se publicó el 4 de julio y tercera parte sobre crimen organizado y el proceso electoral en Venezuela se publicará el 6 de julio.
La deforestación en Venezuela viene acelerándose de manera dramática, con la destrucción de alrededor de 140.000 hectáreas de bosque primario entre 2016 y 2020 en Venezuela, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).
Esta minería no solo ha incentivado la deforestación, sino que ha dejado un rastro de destrucción ambiental, que incluye niveles peligrosamente elevados de contaminación con mercurio, degradación del suelo y de los lechos de los ríos, y destrucción de hábitats en una de las regiones más biodiversas del planeta.
Las investigaciones de InSight Crime sobre crimen organizado y minería en Venezuela han revelado cuántos de estos grupos tienen el respaldo de elementos del Estado venezolano, que se llevan una tajada de las ganancias a cambio de impunidad, e incluso integran las minas ilegales a la cadena de suministros bajo el control del gobierno.
Es más, la crisis económica y la parálisis de la industria de hidrocarburos en Venezuela han llevado al gobierno de Maduro a depender cada vez más de la exportación de este oro para financiar el Estado, por encima de las sanciones estadounidenses a la industria aurífera nacional. De hecho, el contrabando de oro sigue siendo una forma efectiva en la que los actores venezolanos evaden sanciones en sus transacciones con otros países.
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