Esta semana, algunos casinos comenzarían a operar en Venezuela, tras casi una década de prohibición lúdica, instaurada por el expresidente Hugo Chávez.
La información, que fue revelada el martes pasado por el portal Descifrado, y replicada por el resto de la prensa local, apunta a que el gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro, habría otorgado licencias a 30 casinos en Caracas y once estados del país.
Ya hay, sin embargo, un antecedente en la era Maduro. En 2020 ya había abierto sus puertas en el rehabilitado y lujoso Hotel Humboldt, en la cima del Ávila, un casino internacional. “Todo el que quiera apostar, que apueste en petros, y ese dinero se invertirá”, informó Maduro en enero de ese año.
Ahora, sin embargo, este casino, que operaba en uno de los pisos del hotel de la emblemática montaña caraqueña, sería reubicado en el Hotel Eurobuilding, también en la capital.
En un trino, el economista venezolano Luis Oliveros aseguró que se trataba de una “buena noticia” para el sector privado, para el Estado, por los impuestos, y también para la gente, por la generación de empleos y de otra fuente de diversión. Sin embargo, acotó: “¿Se acaba la crisis? Para nada. ¿Que Chávez los había eliminado? Hoy Maduro es pragmático, necesita ingresos. Esta es la nueva Venezuela”.
¿Cuál es la situación legal?
En un hilo de Twitter, la ONG venezolana Acceso a la Justicia, recordó que la Constitución venezolana no prohíbe los juegos de envite y azar, sino que prevé que es competencia del Poder Nacional la regulación de esta materia, “es decir que corresponde a la Asamblea Nacional crear el régimen jurídico de los casinos y salas de bingo”.
Sin embargo, Acceso a la Justicia acotó que la denominada Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles -de 1997, pero vigente todavía- establece que, para la instalación de un casino o bingo, se requiere hacer un referendo consultivo, además de que estén ubicados en zonas declaradas turísticas y aptas para su funcionamiento por el presidente de la República.
“Se plantea la duda sobre si los establecimientos autorizados por el gobierno de Maduro se ajustan a las exigencias legales para su funcionamiento o si, en cambio, están siendo autorizados al margen de las disposiciones legales sobre la materia”, trinó la mencionada ONG, al tiempo que alertó que se trata de una situación que “puede fomentar la corrupción” y “debilita la institucionalidad”.
