En Uruguay, la definición del ajuste salarial para el sector rural ha generado tensiones y desacuerdos entre empleadores y trabajadores después de casi tres meses de negociación en los Consejos de Salarios. La falta de consenso llevó al Poder Ejecutivo a presentar una propuesta que fue respaldada por las gremiales rurales pero rechazada por el sindicato. La propuesta, aprobada con los votos del gobierno y los empleadores, establece un nuevo convenio que regirá de julio de 2023 a junio de 2025 para trabajadores de ganadería, agricultura, tambos y arroz.
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La fórmula oficial sigue la pauta elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), incluyendo ajustes semestrales por inflación proyectada, correctivos anuales y recuperación del salario real perdido durante la pandemia, que se pagará en tres cuotas iguales. El primer aumento, retroactivo al 1° de julio de 2023, es del 2,94%, compuesto por inflación semestral proyectada y recuperación salarial. Se establecen ajustes adicionales en enero y julio de 2024, y en enero de 2025.
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La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales, y Afines (Unatra) presentó una plataforma de 14 puntos, buscando ajustes con crecimiento real de salario y reducción de la jornada laboral, entre otros. Sin embargo, el sector empresarial condicionó las negociaciones a la flexibilización de la ley de ocho horas, lo cual fue rechazado por el sindicato. En este contexto, se votó la propuesta del Poder Ejecutivo, centrada únicamente en los porcentajes de ajuste salarial y salario mínimo.
Con información de La República
