Argentina ha visto un aumento significativo en la inversión inmobiliaria en Uruguay en los últimos años, con argentinos comprando propiedades por un total de US$ 10 millones al mes en el país vecino. Esta tendencia ha llevado a que más del 22% de las viviendas construidas bajo el régimen de «vivienda promovida» en Uruguay sean adquiridas por ciudadanos argentinos. Este régimen, diseñado inicialmente para estimular la oferta de viviendas asequibles para los sectores de ingresos medios bajos y medios en Uruguay, ha resultado en un éxito tanto para las autoridades como para los empresarios de la industria de la construcción.
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A lo largo de los últimos 12 años, se han construido 1.200 edificios y 33.000 viviendas bajo esta ley, con una inversión total de US$ 3.200 millones, una tercera parte de la cual proviene de inversores extranjeros, incluyendo argentinos. Estos inversionistas han contribuido significativamente al auge del mercado inmobiliario uruguayo, especialmente en lugares emblemáticos como Punta del Este y Montevideo.
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la inversión argentina en propiedades uruguayas ha aumentado aún más, con estimaciones que sugieren que se están adquiriendo tres propiedades por día, totalizando US$ 10 millones al mes y US$ 120 millones al año. La mayoría de estas propiedades se destinan a la renta, lo que ha contribuido al dinamismo del mercado inmobiliario uruguayo.
Sin embargo, a pesar de este éxito, algunos destacan la necesidad de prestar más atención al interior del país y atraer inversores corporativos y fondos de inversión para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos. Se plantea la posibilidad de extender los beneficios fiscales a 20 años para proyectos de alquiler, lo que podría atraer a grandes inversores y colocar a Uruguay en el radar del mercado global de bienes raíces. Con su estabilidad económica, clima de negocios favorable y otras ventajas, Uruguay se presenta como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria en el futuro.
Con información de Ismael Grau de El Economista
