La diligencia debida en materia de derechos humanos debe tomarse en serio, como lo demostró el caso Brumadinho.
El 25 de enero de 2019 en Brasil, se derrumbó la represa de la mina de mineral de hierro Córrego do Feijão en Brumadinho . Un deslizamiento de tierra sepultó al menos a 270 personas en cuestión de minutos. La mayoría de los muertos eran empleados de la multinacional brasileña Vale . El lodo consistía en residuos del procesamiento del mineral, incluidas muchas sustancias tóxicas. Esto no solo envenenó el cercano río Paraopeba, sino también muchos campos circundantes; a la catástrofe humana se agregó una ecológica.
Este mayor desastre minero en la historia de Brasil llegó con aviso previo. Unos meses antes, una subsidiaria de la empresa de certificación alemana TÜV Süd había descubierto que la represa no era segura. Pero los gerentes de Vale estaban más preocupados por la operación continua de su empresa. Opera innumerables minas en Brasil, todas las cuales tienen presas de relaves similares.
Los responsables de la toma de decisiones de la sucursal de TÜV Süd en el sitio finalmente certificaron que la represa en Brumadinho era segura. Al menos, eso es lo que consta en documentos que ahora son objeto de valoración judicial.
Si hubiera habido un certificado de prueba negativo, Vale habría tenido que tomar medidas de seguridad obligatorias. Es posible que, además de reforzar la presa, se hubiera tenido que reubicar el edificio de la administración y su comedor. Este edificio estaba ubicado justo debajo de la presa y fue el primero en ser arrasado. Fue allí donde la mayoría de las víctimas murieron tan trágicamente.
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