Tal como una norma de emisión que estableció duras exigencias y obligó a hacer millonarias inversiones a termoeléctricas y fundiciones, la nueva ley de responsabilidad extendida del productor -conocida como ley REP- plantea una serie de desafíos a la industria que utilizan plásticos, cartones y aluminio, entre otros insumos, para el envío de sus productos al consumidor final. A cargo de fiscalizar su cumplimiento estará la Superintendencia de Medio Ambiente.
La ley REP está vigente desde 2016 y recién en marzo de este año se aprobó el primer reglamento de los seis que exige la normativa para ponerse en práctica: se trató del que fija el porcentaje de reciclaje de los neumáticos, el cual fija la meta de que un 35% de su producción termine reciclándose por parte de sus fabricantes.
Ayer, por su parte, culminó el periodo de consulta del anteproyecto del reglamento que establecerá las metas de recolección y valorización de envases y embalajes a distintas empresas. La normativa promovida por el Ministerio de Medio Ambiente recibió 624 observaciones y gran parte de ellas alertaron por sus plazos acotados y los altos costos. Pero también advirtieron los riesgos en materia de libre competencia que generarán los Sistemas de Gestión Individuales, Colectivos y Grandes (GRANSIC).
La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) advirtió una serie de carencias en infraestructura que -a su juicio- mantiene la industria de reciclaje en Chile. “No existe capacidad relevante en Chile para ampliar la recolección y valorización de materiales. Según los datos disponibles de la Asociación Nacional De La Industria Del Reciclaje, la capacidad existente está concentrada sólo para vidrio; en el caso del cartón y el plástico, la disponible se prevé será utilizada por la valorización proveniente del sector industrial; y el crecimiento validado es sólo del 6% para los próximos tres años”, acotó el gremio presidido por Bernardo Larraín.
Por lo mismo “recomendamos establecer una gradualidad más atenuada de las metas para los cinco primeros años que permita que todas las variantes del ecosistema puedan implementarse, para luego proyectar desde el sexto año en adelante un incremento mayor que permita crecer en el ritmo de cumplimiento en forma más acelerada hasta alcanzar la meta propuesta para el año 2030”.
Por otra parte, para el gremio introducir metas en los sistemas existentes encarecería los modelos imperantes en los envases y embalajes retornables, dada la exigencia de trazabilidad, para demostrar las tasas de valorización (preparación para la reutilización). En este sentido, afirma, “lo más acertado es no incorporar a los envases y embalajes retornables en las metas del esquema de la Responsabilidad Extendida del Productor y fortalecer la fiscalización de la declaración a través del sistema VU-RETC, para generar información más exacta de la contribución a la valorización que existe desde la categoría de los envases y embalajes retornables”.
A la fecha, Chile ha invertido, para avanzar en el cumplimiento de la Ley REP en el fondo del reciclaje, $359.100.000 y $ 502.000.000, para los años 2018 y 2019, respectivamente, siendo éste el único aporte estatal para contribuir al cumplimiento de la normativa.
Otro gremio que mira atento este proceso es la Asociación de Supermercados. La agrupación más directa en su posición sostuvo que “un mal diseño o una mala implementación afectarán la economía del país al generarle costos no solamente a las empresas, sino que también a las personas”.
En un escenario optimista, el gremio sostuvo que la infraestructura requerida para poner en marcha la recolección de residuos, su pretratamiento, y valorización, requiere de prácticamente tres años.
“En Chile se estaría imponiendo lograr en ocho años las tasas de reciclaje obtenidas en la Unión Europea en 30 años, países en los cuales además hubo inversión pública directa en infraestructura, tales como las plantas de separación estatales en España. Una implementación forzada aumentará los costos para las empresas y las personas, en un país de ingresos todavía medios. El exigir metas que están por sobre la capacidad real de cumplimiento generará sobrecostos”, acotó el gremio presidido por Catalina Mertz y que reúne a Walmart (Lider); Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y SMU (Unimarc), entre otras empresas socias.
De igual manera, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile)también cuestionó las metas de valorización, las cuales a su parecer “son excesivamente altas al compararlas con las propuestas en Colombia bajo la Resolución N°1407/2018, con las de la Comunidad Europea, y, con las del Greed Dot, en sus inicios”.
“Recomendamos que se nos otorgue un periodo de dos años para estudiar el comportamiento y prácticas de retorno de los materiales por parte de las empresas y consumidores. Por ejemplo, esto se pudiera enfocar, en primera instancia, a través de metas de cobertura geográfica. En los AGIES de EyE no queda claro cómo se llegó a la determinación de las metas a recolectar, ni menos, como se determinó un incremento de más del doble respecto año anterior para casi todos los productos prioritarios entre los años 2023 y 2024. Consideramos relevante que se explique qué sucedería si no hay capacidad instalada para el reciclaje de materiales una vez que se encuentre establecida en la meta”, sostuvo el gremio liderado por Sandra Guazzotti.
Más botellas retornables y menos trámites
Por su parte José Jaramillo, gerente de la operación en Chile de Coca-Cola Embonor propuso recolectar los envases de botellas de manera separada y en puntos específicos donde se produce el consumo de sus productos. Por lo mismo, promovió un sistema “on-the-go” en estadios, estaciones de servicios, colegios entre otros.
A su parecer debe existir un incentivo en la disminución de los las tarifas en los procesos de reciclajes para aquellas empresas que activamente participen en la educación del consumidor final. Asimismo, sostuvo que deberían existir incentivos para que los productores utilicen envases retornables. El objetivo es que “una sola botella retornable de plástico pueda dar en promedio 12 vueltas más que una botella desechable plástica de un solo uso”, acotó su presentación.
Otra de las características de la iniciativa es que obliga a las propias compañías a buscar y recolectar los residuos de sus productos. Sony Chile propuso, por su parte, que “las municipalidades también colaboren con respecto al cumplimiento de metas de recolección. En países de Europa y muchas otras regiones, los requisitos de metas de recolección no solo son para los productores sino que también incluye a las municipalidades, formando así un equipo el cual trabaja hacia un solo objetivo de cumplir con las metas”.
Por su parte, Dell Computer de Chile Limitada sostuvo que “preocupa que el procedimiento por medio del cual se autorice este plan de gestión se torne complejo y engorroso, en razón de la larga lista de contenidos a abordar por parte del sistema de gestión que se trate”.
