La recuperación económica tras la crisis derivada del coronavirus requerirá de todos los esfuerzos posibles para canalizar recursos financieros, públicos y privados, con el fin de remontar el vuelo y devolver a la sociedad unos niveles de actividad económica y empleo adecuados. Los bonos sociales pueden ser una de esas contribuciones en esta tarea con el añadido de su orientación hacia la sostenibilidad y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
No podemos dejar pasar la oportunidad de sentar las bases de una nueva economía y un sistema financiero enfocado a eliminar el mayor número de nubarrones del horizonte y reducir los riesgos futuros, especialmente aquellos que son más temibles y destructivos. Es preciso actualizar los criterios de financiación basándonos en la sostenibilidad y el objetivo de una sociedad más resiliente respecto a las incertidumbres y amenazas futuras.
Características de los bonos sociales
Los bonos sociales, como elemento de financiación sostenible, se caracterizan porque el emisor expresa anticipadamente cual será el destino de los fondos obtenidos, siempre proyectos de carácter social como servicios e infraestructuras públicas de todo tipo, que en el caso de los servicios e infraestructuras sanitarias cobran ahora especial relevancia.
Es, por tanto, una potente herramienta para que las administraciones públicas puedan conseguir recursos financieros en los mercados de capitales, en la medida que el papel del sector público es aumentar la calidad de vida y la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos.
Transparencia y diversificación de la base de inversores
Es, además, un instrumento financiero de gran transparencia en la medida que para ser calificados como bonos sociales o sostenibles deben adecuarse a los Principios que guían este tipo de emisiones (Sustainable/Social Bond Principles y Green Bond Principles, elaborados por ICMA) que comprometen al emisor a elaborar un framework específico para este tipos de emisiones, especificar el uso de los fondos obtenidos, de cuya ejecución deberá informar al mercado anualmente, y contar con una “segunda opinión” de una agencia especializada.
Cada vez es mayor el consenso en torno al enorme potencial futuro de los bonos sostenibles de cara a ampliar y diversificar la base de inversores, así como la visibilidad y los atributos reputacionales del emisor, algo en lo que coincide el 98% de los directores financieros y tesoreros que han sido recientemente encuestados por CBI (Green Bond Treasurer Survey 2020).
Así crece la financiación sostenible
La financiación sostenible alcanzó en 2019 los 226.900 millones de euros en nuevas emisiones de bonos verdes – activos que articulan la parte más visible de la financiación sostenible- con arreglo a los criterios de CBI, un 49% por encima de 2018. Esta cifra se elevaría casi al medio billón de dólares sumando emisiones que no cumplen con esos criterios, y el volumen bruto de emisiones acumulado hasta 2019 superó por primera vez la marca del billón de dólares.
Por su parte, los bonos sociales y sostenibles triplicaron su volumen el pasado año, en paralelo a la creciente demanda de los inversores de activos orientados a favorecer actividades e iniciativas con un componente social y no sólo ambiental.
En nuestro país se ha multiplicado por 18 veces su volumen entre 2014 y 2019, que registró un volumen de 22.780 millones de euros, con un crecimiento del 34% respecto al ejercicio precedente, como señala el Informe del Observatorio Español de la Financiación Sostenible «La Financiación Sostenible en España en 2019«.
Aunque este crecimiento ha venido liderado por los bonos verdes, que representan el 65% del total, los bonos sociales suponen ya el 15%, a lo que debe agregarse otro 20% de los bonos calificados genéricamente como Sostenibles, que incluyen proyectos sociales y ambientales conjuntamente.
Bonos sociales durante la pandemia
En 2020 se han producido ya un volumen de emisiones de bonos sociales cercano al de los bonos verdes. En nuestro país, la Comunidad de Madrid ha reforzado su liderazgo en este terreno con dos emisiones, una de 1.250 millones de euros, la mayor por volumen unitario de las emisiones de bonos sostenibles en España, y otra de 52 millones, que, aunque de menor tamaño ha tenido dos elemento distintivos e innovadores: la capacidad de abrir el camino hacia la cooperación publico-privada en este tipo de financiación, con la colaboración de Mapfre; y también dar entrada a los inversores particulares con la creación por parte de la aseguradora de un fondo de inversión dirigido a este tipo de inversores.
El Gobierno Vasco ocupa el segundo lugar del ranking de bonos sociales entre las Administraciones Públicas. En 2020 ha emitido un nuevo Bono Sostenible por importe de 500 millones de euros que eleva a 1.600 millones de euros el total emitido en este tipo de bonos por el gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu. Una emisión cuyos fondos se destinan en un 83% a programas sociales y un 17% a programas medioambientales.
El ICO, por su parte es también un destacado operador en este segmento con seis emisiones de bonos sociales, que totalizan más de 3.500 millones de euros.
La Comunidad Foral de Navarra debutó el pasado año con un bono social de 50 millones de euros, y el Ayuntamiento de Barcelona realizó en diciembre de 2017 una emisión por importe de 35 millones de euros.
Fuera de nuestro país se han registrado en estos primeros meses del año diversas emisiones de bonos sociales, algunas de las cuales específicamente destinadas a combatir el coronavirus y sus consecuencias, con participación de destacadas entidades supranacionales como el BEI, la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial), y en el ámbito de los países denominados BRIC (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a través del Nuevo Banco de Desarrollo con una emisión en yuanes en el mercado chino.
Perspectivas para 2020
En el presente año los bonos sociales pueden adquirir un protagonismo mayor incluso que los bonos verdes dadas las extraordinarias circunstancias que ha generado la pandemia y gracias también, como hemos comentado, a su específica orientación hacia proyectos, infraestructuras e innovaciones sociales como las que requiere el proceso de recuperación económica en el que nos veremos todos embarcados en los próximos meses.
Criterios ESG entre las condicionalidades para las ayudas
Su crecimiento se verá también favorecido por las decisiones regulatorias de los distintos países, que, como ha reclamado recientemente la OCDE, deberían mantener los objetivos medioambientales en los programas de ayuda e incentivos fiscales destinados a superar el impacto negativo de la pandemia del coronavirus.
La Unión Europea (UE) se ha comprometido ya a ello y reclama un mayor impulso a este tipo de financiación en todas las propuestas de su agenda: el Programa de Finanzas Sostenibles, new deal europeo, o los programas de ayuda para la recuperación económica que, entre sus condicionalidades, incluirá los criterios ESG (environmental, social and governance) como elemento determinante.
